Gersul endosa otra vez a la Diputación el cobro de sus recibos tras perder 13 M€

A. G. Puente | redacción

Los recibos de Gersul vuelven a la Diputación ocho años después, tras casi seis en manos de la gestión de una empresa privada, otros dos con el consorcio al frente de esta labor y más de 13 millones de euros de tasas prescritas que ya no pueden ser cobradas. Y regresan al Palacio de los Guzmanes en virtud del contrato que el pasado día 1 firmó con el organismo encargado del tratamiento de los residuos de toda la provincia, en un acuerdo prácticamente secreto avalado por los órganos de gobierno del consorcio. La institución provincial gestionará de nuevo la recaudación de este tributo con la puesta al cobro de los recibos de 2019.

El Servicio Recaudatorio Provincial se hará cargo de los alrededor de 300.000 recibos con la misión de cobrar entre 14 y 15 millones cada ejercicio, una tarea por la que la Diputación percibirá 450.000 euros anuales (según estimaciones iniciales), frente a los 750.000 que pagó a la empresa cada doce meses durante el periodo de contrato. La ordenanza no permite a la Diputación reclamar la deuda arrastrada por los morosos de impagos, por lo que Gersul tendrá que habilitar su propio sistema a través de una empresa para conseguir los importes adeudados.

Estos primeros días de gestión de la tasa de Gersul han generado desconcierto dentro del propio servicio, que de momento envía de nuevo a los usuarios que se han acercado hasta sus oficinas —en distintos puntos de la provincia— al consorcio para resolver sus dudas. Aún están a la espera de información exacta del padrón que deben poner a cobro y de un refuerzo del personal para atender esta nueva misión, según reconoce el propio diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo.

El dictamen del Consejo Consultivo en el que determinaba que el consorcio no podía contratar trabajadores temporales para recaudar, aunque avaló la legalidad de una ordenanza fiscal para el establecimiento de la tasa por la prestación de servicios de su competencia, así como para su gestión, liquidación y recaudación, ha supuesto un factor determinante a la hora de acelerar la decisión de Gersul de acudir de nuevo a la Diputación para el cobro de su tasa.

También la resolución del pleito judicial que paralizó en su día el concurso que Gersul había puesto en marcha para poner de nuevo en manos de una empresa privada el cobro de sus recibos, por la demanda planteada por una de las aspirantes, ha dejado las manos libres al consorcio para llamar de nuevo a las puertas de la Diputación y solicitar la gestión de su tasa con el cobro de sus recibos.

El diputado de Hacienda explica que la institución provincial ha aceptado «sin ningún problema» la gestión de la tasa de Gersul. «No nos lo habían solicitado hasta ahora y en el momento en que nos lo han pedido hemos firmado el contrato, como cuando nos lo pide cualquier ayuntamiento, junta vecinal y mancomunidad de la provincia», remarca Lupicinio Rodrigo. Indica, además, que el contrato rubricado con el consorcio de tratamiento de los residuos el pasado día 1 es uno «tipo», idéntico al que recibe la encomienda de gestión de cualquier tributo por parte de las instituciones antes señaladas.

Reconoce, no obstante, que las siete oficinas que integran el Servicio Recaudatorio Provincial requieren un periodo de ajuste ante esta nueva labor y admite que habrá que reforzar su personal. Actualmente cuenta en su conjunto con 65 trabajadores: 26 en la oficina ubicada en la capital, 14 en la de Ponferrada, siete en Astorga, los mismos que La Bañeza, tres en Sahagún, otros tres en Valencia de Don Juan y cinco en Cistierna. En un informe realizado por responsables del servicio la primera vez que Gersul habló de volver con sus recibos a la Diputación, fijaba las necesidades de personal en una veintena de personas, aunque el diputado estima que precisa «muchas menos».

Rodrigo aboga por una relación estable entre la institución provincial y Gersul, un consorcio que desde su creación ha presidido el presidente, o un diputado del equipo de gobierno delegado por él, y recuerda que existe «una penalización» si abandona esta gestión. Asegura no conocer qué hará el consorcio para cobrar los impagos.