«¿Qué sentido tiene el concepto provincia sin las diputaciones?»

asun g. Puente | león

En su doble condición de representante de una administración local, como presidente de la Diputación y alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo defendió ayer con uñas y dientes la supervivencia del área rural y la necesidad de contar con un catálogo de servicios que apuntale su futuro, e incentivos que promuevan su desarrollo económico y social para asentar población. En la conversación sobre los 40 años de la Constitución de 1978 que mantuvo con el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, apuntó que «las reformas de la Carta Magna deberían ir por el tema de la despoblación, la España vacía podría dar problemas». Defendió también la plena vigencia del papel de las diputaciones y reclamó la llamada segunda descentralización, así como la financiación adecuada para los servicios que prestan. De la Carta Magna aseguró que está «plenamente viva; ha vivido 40 años con mucha salud y la auguro mucho futuro con reformas mínimas».

—Decía el Conde de Romanones: «Ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento»...

—Creo que la Constitución es la ley de leyes. En base a ella parte toda la legislación con posterioridad. La Constitución es el elemento fundamental que sienta el desarrollo de la división de poderes, cada uno con su responsabilidad.

—¿Cree que hoy sería posible ese consenso del que surgió la Carta Magna del 78 para modificar determinados artículos?

—La voluntad de decisión de los que hicieron en aquel momento posible la Constitución, personas con ideas muy dispares que fueron capaces de ponerse de acuerdo para impulsar el cambio que España necesitaba, construyendo los pilares de la convivencia en paz y armonía,hoy no sería posible. A partir de ahí se desarrollaron muchísimas leyes, lo fundamental de aquel momento fue cómo fueron capaces desde planteamientos tan dispares de llegar a un acuerdo; no debió ser fácil. Hoy sería imposible prácticamente.

—Ahora existen más fuerzas políticas, más confrontación incluso algunos alardean de conductas anticapitalistas...

—Están dentro del sistema para destruirlo. La Constitución ampara derechos y libertades. Todos los partidos políticos tienen cabida con sus planteamientos, también los nacionalistas. Tendrían que modificarse cosas para este tipo de grupos se que se queden fuera o incluso para que se les pueda apartar.

—¿Cómo conjugar los cambios necesarios con el respeto a su esencia?

—Ha vivido 40 años con mucha salud y auguro mucho futuro con reformas mínimas. Contempla un amplio espectro de derechos y garantías. Esas personas que están en el arco parlamentario para intentar destruir el Estado desde dentro, cómo es posible que hayan entrado para destruir el sistema. Algo ha fallado. Acceden y luego dicen lo que son y pretenden.

—En el asunto del municipalismo, ¿qué papel deben jugar los ayuntamientos, sobre todo los pequeños que tienen el papel más difícil?

—Define que la elección de los concejales debe ser universal y directa, a partir de ahí todo el sistema democrático. La Constitución del 78 no define nunca el principio de subsidiariedad; las competencias no están bien definidas, algún tipo de reforma necesita en este sentido la legislación, hay espacios vacíos. El artículo 130 dice que los poderes públicos deben atender el desarrollo de todos los sectores económicos, en particular, entre otros, el de la agricultura y la ganadería para equipar el nivel de vida de todos los españoles. Ya se daban cuenta entonces, en 1978, de que había determinados sectores con un nivel de vida diferente a otros. Y el segundo apartado añade un tratamiento especial a las zonas de montaña. Ya reconocía que existían singularidades en algunos territorios, que determinadas actividades del medio rural en aquel momento tenía dificultades, ya ven que puede haber problemas. Debe incidirse más en las competencias de los ayuntamientos e, incluso, de las juntas vecinales. Los ciudadanos acuden a nosotros como administración más cercana y las competencias han de estar reguladas. Y aquí hay una segunda parte: los medios económicos. Se ha legislado en este aspecto para las autonomías, pero la financiación local no se ha tocado. Creo que ya es hora de abordar la segunda descentralización, la que afecta al funcionamiento de las diputaciones y ayuntamientos. Las instituciones provinciales garantizamos la prestación de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, hacemos de paraguas de todos ellos. Los ayuntamientos tienen mucho que decir.

—Pero en la Constitución de 1978 mucha gente no entendía de competencias...

—No definen las competencias. Al ciudadano le da lo mismo de quién sea una carretera, quiere que se la arreglen y ya está. Tenemos que definir un catálogo de servicios con la suficiente financiación. Hay servicios que no se nos financian por parte del Estado ni de las autonomías, son las denominadas competencias impropias. Con la ley en la mano no nos correspondería prestarlas, pero lo hacemos. La grandes olvidadas son las administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos. Habría que tener una mayor sensibilidad.

—La Constitución habla del equilibrio territorial, pero es más fácil vivir en el Mediterráneo, con la población más concentrada, que en un lugar como León con una gran dispersión geográfica y despoblación, ¿cómo se pueden garantizar los servicios a esta gente que vive uno aquí y otro allí?

—La Constitución recoge el derecho de igualdad, no se puede hablar de igualdad cuando hay desequilibrios. Hay que garantizar los servicios básicos a la gente del medio rural para que se sientan cómodos porque tenemos derecho a vivir allí. Caminamos hacia la España vacía, en algunos años veremos cómo el 90% de la población se concentra en el 10% del territorio y el 90% del territorio se queda vacío. En España el 40% de la población ya vive en municipios de más de 100.000 habitantes.

—Han pasado 40 años desde que se hizo la Constitución y se han debido hacer muchas cosas mal para haber llegado hasta 2019 sin poder frenar la despoblación.

—La despoblación es un hecho natural, los ciudadanos del campo se van a la ciudad desde hace décadas en busca de una vida mejor. Debe haber una legislación para que vivir en el medio rural no sea un obstáculo y para garantizar la igualdad de oportunidades. Ofrecer a los pueblos oportunidades, internet, banda ancha, planes de turismo, conectividad, porque tienen derecho a ello. Todo esto ayudará a fijar población, si no hay servicios será difícil vivir en cualquier pueblo.

—Si la Constitución introduce una especie de discriminación positiva como sugiere para el mundo rural, eso también supondría un desequilibrio respecto al área urbana.

—Es perfectamente viable. Existen tipos de subvenciones que priman, no discriminan la actividad en el medio rural. Las administraciones deben arbitrar determinadas primas si realmente queremos aportar soluciones, porque a lo mejor con estos incentivos sí le interesa a gente vivir en los pueblos. Se puede legislar todo lo que se quiera. Hoy en día sin conectividad en un pueblo no se puede ir a vivir allí. La actividad agroalimentaria está muy presente en el medio rural, está muy asentada, pero hay que tener en cuenta que actualmente cualquier transacción económica o gestión con la administración necesita conectividad; también carreteras. Disponemos de una red provincial de 3.300 kilómetros porque la institución apostó para que todos los pueblos tuvieran comunicación. Se puede legislar contra la despoblación, estoy seguro. Debemos sentarnos todas las administraciones, no actuar por separado porque si no, no hacemos nada. Y cómo no se cuente con la administración local para legislar contra la despoblación mal vamos. Nosotros, los alcaldes y concejales, preguntamos y conocemos los problemas que hay en los pueblos.

—En el debate político se ha hablado de eliminar las diputaciones, en una provincia como León juega un papel extraordinario, ¿entiende que desde determinados partidos se proponga la desaparición de las instituciones provinciales?

—La propia Constitución encarga el gobierno de las provincias a las diputaciones. Hay que partir de la base del conocimiento del área rural, quien desconoce la realidad allí poco tiene que aportar sobre la existencia de las diputaciones. La realidad territorial se asienta en los ayuntamientos y en algunos territorios singularmente sobre las juntas vecinales, que también tienen sus competencias en determinados lugares. Las diputaciones son las que dan cobertura a los ayuntamientos, si fallan muchas veces fallaría la prestación de servicios. Se habla de eliminar esta institución por su coste, pero en realidad el coste son los 25 miembros de su corporación, en el caso de León. Los funcionarios y los edificios continuarían. ¿Qué sentido tiene el concepto de provincia si no existen las diputaciones?

—León está en crisis por falta de industria, Ayuntamiento de la capital, Diputación y Junta son los mayores empleadores de esta provincia con más de 1.000 trabajadores cada una, no hay ninguna empresa que los tenga o que llegue a 500. Son las administraciones las que deben sentar las bases para impulsar la inversión y el tejido económico.

—Las administraciones deben dotar de las condiciones necesarias para que se puedan instalar empresas. Pongo un ejemplo, hace 25 años cuando la Diputación comenzó a impulsar la agroalimentación había 30 empresas, hoy son 500, 16 figuras de calidad y 19 asociaciones multiproducto. La institución provincial me parece que ha hecho bien los deberes para asentar las bases, poner los mimbres del desarrollo de este sector. Contamos con los mejores productos y artesanos y el miedo al mercado se ha roto porque la Diputación sentó las bases. Tenemos que procurar también suelo industrial accesible y hacer infraestructuras válidas. En el polígono de Villadangos, por ejemplo, la salida a la autovía no está bien y tampoco se conectó a su día al tren a pesar de tenerlo a 50 metros. Algo ha fallado.

—¿Defiende suficientemente bien la Carta Magna la integridad del Estado frente a las pretensiones de Cataluña? ¿Qué tres o cuatro asuntos de la Constitución considera que deben reformarse?

—La soberanía reside en el pueblo español, cualquier decisión que se tome afecta a todos los españoles. ¿Reformas? Deberían ir por el tema de la despoblación del medio rural y los problemas que se avecinan. La España vacía puede dar problemas.

—La Constitución no especifica nada sobre la igualdad de género y ahora sería impensable permitir cualquier desigualdad, sobre todo, ante fenómenos como la violencia de género.

—El artículo 14 dice que todos somos iguales sin distinción. Es un marco para desarrollar una legislación. La Constitución abre puertas para que se puedan desarrollar leyes. Debe legislarse este asunto de manera más concreta, más cerrada contra la violencia sexista.

—¿Qué hacemos con las fronteras, las cerramos?

—Nunca se pueden cerrar, los españoles también emigramos durante varios momentos de nuestra historia. Debe estar controlada la emigración con una legislación.

—Las normas que engloban la Constitución española con frecuencia son desplazadas por decisiones legislativas marcadas desde Europa que impone políticas determinadas a todos sus estados miembros, ¿cree que una desplaza a otra?

—No, sinceramente creo que no. La legislación que marque Europa es por voluntad del pueblo español que dijimos en su día que queríamos pertenecer a un mercado común. No chocan para nada con la Constitución.

—Si durante el 2017 España estuvo varios meses sin Gobierno, ahora que el PSOE no puede hacer nada y está todo paralizado por falta del presupuesto... Muchos ayuntamientos también con frecuencia están bloqueados, ¿cree que debe haber una reforma de la Ley Electoral? ¿Es partidario de una circunscripción única?

—Depende. Aquí para las elecciones europeas ya la tenemos. Posiblemente para la elección de los representantes en el Congreso y el Senado sería muy discriminatoria al arbitrio de los partidos. Yo creo que los constituyentes tuvieron la cabeza muy bien amueblada y tuvieron en cuenta el territorio. Sí es verdad que debe gobernar la lista más votada y también debe poder gobernar. Existen fórmulas en otros países como la segunda vuelta, no soy muy partidario porque nos costaría otras elecciones. Debe definirse claramente y respetar lo que el pueblo quiere. Tiene que gobernar la lista más votada.

—¿Cómo puede entonces evitarse el bloqueo?

—Los partidos con mayor representación deberían sentarse a hablar. El Gobierno debe ser de los partidos mayoritarios, las minorías también tienen que estar representadas, claro. No puede ser que en el Congreso de los Diputados dos o tres personas decidan el futuro del país.

—¿Debe incidir la Constitución en esto, es partidario de retocarla en este sentido?

—Con la Ley Orgánica de Régimen Electoral sería suficiente, no se necesita reformar la Constitución.

—El papel que jugó la juventud de aquel momento, muy activo para impulsar el cambio, no tiene nada que ver con su apatía actual por la política. Los jóvenes asumieron la bandera de los nuevos aires. ¿Qué les diría a los jóvenes de hoy en día para que se involucren más en las decisiones políticas, en la vida de los partidos?

—Hay jóvenes que pasan de todo, nadie puede pasar de todo. Hay juventud que ya empieza a despuntar y poco a poco se está vinculando más en la vida política y la gestión. Les invito ya a implicarse en la vida política local. Los más preparados y cualificados empiezan a despertar e implicarse. Empiezan a pensar, ojalá piensen por sí mismos.

—El 70% de las personas que estamos aquí escuchándole probablemente no teníamos edad para votar la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978, ¿cree que si ahora pudiéramos hacerlo, la Carta Magna cosecharía tanto apoyo como entonces, cuando obtuvo más de un 90% de respaldo?

—Yo mismo no pude votar, en aquel entonces tenía 15 años. Estoy convencido de que la mayor parte la apoyarían ahora mismo. Habría que leerla con detenimiento. Es bueno que la Constitución de 1978 cumpla ahora 40 años, un buen momento para recordar su historia, cómo se fraguó y cómo fue la Transición. Está plenamente viva y en ella todos los españoles tenemos cabida y todas las ideologías, salvo los antisistema que no creen en el Estado, pero sin embargo están en las Cortes españolas. Si no crees, no estés.