Lázaro García Bayón se da de baja de la UPL hasta que se resuelva su imputación

Con la citación judicial para declarar como imputado por prevaricación en el juicio oral que se celebrará el próximo miércoles, Lázaro García Bayón presentó el 30 de noviembre su baja temporal de militancia de la UPL. El exregidor de Villaquilambre en el momento de los hechos y actual concejal de Hacienda también puso sus cargos «a disposición» del alcalde, el socialista Jorge Pérez Robles, aunque «después de las explicaciones del vicesecretario» del consistorio decidieron «que no se llevara adelante», confirmó.

A la espera de que se resuelva el proceso judicial, la baja de militancia de García Bayón podría afectar incluso a su próxima candidatura. El propio edil confirmó ayer que «si se demora el proceso judicial» y no se ha resuelto su implicación en el caso para el mes de mayo no concurrirá como candidato de la UPL «por decencia política». «No tenía intención de volver a presentarme, pero cosas como estas me animan», concedió, después de insistir en que «no hay nada».

García Bayón insistió en que la subvención del Plan E, que presuntamente no se ajustó a las bases de la convocatoria, «fue fiscalizada por cuatro órganos estatales, el último de ellos el Tribunal de Cuentas». «Hicimos lo que dijeron los técnicos», recalcó para justificar el acuerdo por el que se tramitó el proyecto de 763.000 para la envolvente climática, diseñada por Belén Martín-Granizo, quien luego fuera concejala de Urbanismo del PP en León. El abogado del exalcalde pedirá el archivo al entender que prescribieron los hechos el 3 de diciembre de 2017 y que hubo una dilación indebida en la tramitación de unos hechos ocurridos en 2006, aunque el procedimiento judicial se abrió en 2013. El fiscal le pide 8 años de inhabilitación para cargo público, al igual que al resto de la junta de gobierno, formada por Jesús García Flórez, Julián Viñuela, Manoli Ordás y Pilar Reguero.