La fiscal insiste en que Lázaro García Bayón prevaricó con la envolvente

La fiscal mantuvo la propuesta de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público contra Lázaro García Bayón, exalcalde de Villaquilambre, juzgado ayer junto a otros cuatro miembros de su equipo de gobierno en el tripartito que en marzo del año 2010 decidió eliminar primero la envolvente climática del proyecto de construcción del nuevo Ayuntamiento, para terminar construyéndola después con cargo al segundo Plan E.

El Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones provisionales al término de la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de los de León y se reiteró en su postura inicial. La defensa conjunta de los cinco acusados considera que no hubo delito de prevaricación administrativa y propuso la libre absolución de sus clientes.

«Yo tenía buena relación con (José Luis Rodríguez) Zapatero, pero no sabía que iba a sacar un segundo Plan E. Hicimos el proyecto y nos falló la financiación. No se vendieron unas parcelas que queríamos enajenar, nos pilló de lleno la crisis, y no podíamos pagarlo todo. Se decidió quitar la envolvente climática porque no era prioritaria y nueve meses después nos concedieron 2,2 millones de euros. Podríamos haber hecho una obra más electoralista, pero teníamos una responsabilidad con los ciudadanos y recuperamos la misma iniciativa. Se retomó con el mismo proyecto, se construyó, se pagó y no veo dónde está el delito», aseguró García Bayón, que rememoró los problemas: «Falló la cimentación, hubo que soterrar una línea eléctrica y se necesitaban zanjas más profundas. Todo aquello nos costaba 400.000 euros y no los teníamos». Su letrada trazó un paralelismo: «Es como si usted compra una casa, no tiene dinero para pagarla y después le toca la lotería». Bayón repuso: «Sólo sé que me han sometido a cuatro fiscalizaciones de cuentas y no han encontrado ninguna irregularidad»

Jesús García Flórez, concejal de Urbanismo, advirtió de una peculiaridad: «El interventor es un hombre muy serio y puntilloso. Si hubiese apreciado el más mínimo indicio de delito, no habría informado favorablemente». Declaró también Julián Viñuela, concejal de Régimen Interior: «No se formuló reparo alguno. Es como si una persona compra un coche y después le quitan la subvención». Manoli Ordás, concejala de Medio Ambiente, excluyó a los investigados de cualquier responsabilidad penal: «El Plan E no dice que solamente se subvencione obra nueva. No hubo ningún delito y lo que más me duele es que una compañera (Milagros Gordaliza) se fue al otro mundo con una imputación encima que no se sostiene por ningún sitio. Podíamos habernos lucido y construir algo que nos diera rédito electoral, pero actuamos con responsabilidad». Pilar Reguero, la concejala de Bienestar Social incidió en la necesidad de que se actuara «con responsabilidad de cara a los ciudadanos».

Como testigos, declararon en la vista oral seis personas. El director de Contratación de la empresa adjudicataria de la obra, Dragados y Construcciones, rechazó que hubiera presentado en Fiscalía una denuncia por irregularidades en la obra como represalia a su despido previo en la empresa: «Yo vi que se había planteado la obra con pérdidas desde el principio, que de repente se había introducido una modificación en el proyecto y que la obra no se ajustaba a los requisitos del Plan E». El director de la obra dio la versión contraria: «El Plan E lo que admitía era obras para mejorar el medio ambiente y este proyecto se ajustaba totalmente a los requisitos», aspecto en el que se reiteró la proyectista: «Había un apartado específico para la mejora del uso de la energía».

El interventor de Vilaquilambre aseguró que todos los requerimientos estaban en regla: «No veo ninguna conducta delictiva», dijo. La misma línea siguió el vicesecretario municipal: «Se fiscalizaron otras cuestiones del Ayuntamiento, pero no la envolvente climática». Por su parte, un perito propuesto por el Ministerio Fiscal, consideró indebida la licitación de nuevo del segundo proyecto «porque el primero ya contenía la obra y era idéntica a la que luego se construyó. Se hizo un modificado, pero no sé cuál es el motivo. No cabía la modificación inicial, pero no sé cuál fue la situación al final», explicó.

Por todo ello, la fiscal mantuvo su propuesta de inhabilitación para los cinco acusados. La defensa fue dura con la fiscalía: «Agradezco que hayan venido al juicio porque en cinco años no nos han escuchado».