Los monitores de escuelas deportivas alertan de su mala situación laboral

álvaro caballero | león

Las escuelas deportivas siempre fueron «el ‘buque insignia’ de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León» y «el modelo a seguir» al que siempre aludían los políticos. Lo recuerdan los apenas 40 monitores que quedan de los más de un centenar que llegaron a formar parte de la plantilla. Después del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se cebó en ellos y la paulatina privatización, gestionada en el pasado mandato y engordada con la creación de nuevas disciplinas, los supervivientes del modelo que se empezó a gestar en la década de los años 80 se ven «en la obligación de dar la voz de alarma para que uno de los mejores y más reconocidos servicios» del consistorio «no sufra las consecuencias» de su situación laboral, prolongada en el tiempo.

Los monitores de escuelas deportivas, en las que participan más de 7.500 escolares, no aguantan más. Los profesionales alertan de que «la realidad» del servicio «es muy diferente» del escaparate en el que aparecen para publicitar galardones como «el Premio Nacional del Deporte, concedido en el 2016, o el reconocimiento internacional por la promoción del día del Deporte en 2018». Detrás de estas exhibiciones públicas, los profesionales del servicio alertan de que tienen que «cubrir las necesidades de los chicos y chicas, masificando los grupos, con horarios casi imposibles», sin que les computen como horas de trabajo «los desplazamientos de colegio en colegio o centro deportivo, ni las horas empleadas cada curso fuera de las exclusivas de entrenamientos».

La situación que describen los afectados del servicio se da con «un sueldo medio de 700 euros y sin ninguna posibilidad de mejora», recalcan los monitores, que han visto cómo se les complica incluso la opción de entrar en el proceso de promoción interna para las plazas de instalaciones deportivas. No tienen acceso directo para esta mejora porque desde el Ayuntamiento de la capital leonesa les insisten en que su condición de fijos discontinuos, con contratos de mayo a septiembre y despidos de mes y medio, en el mejor de los casos, les obligaría a una modificación de contrato para la cual sería necesario un nuevo proceso de igualdad, mérito y capacidad». Además, abundan, ni siquiera se les reconoce el derecho «al mismo complemento destino que tienen el resto» de los trabajadores con categoría de oficial de primera, quienes perciben «entre 120 y 130 euros mensuales» en lugar de los «18 euros al mes» que reciben ellos. «Las escuelas se encuentran en serio riesgo», resumen, después de criticar que «la progresiva privatización encubierta a través de entidades privadas y clubes deportivos,han creado las tarifas ‘B y C’ que distan mucho de la cuota municipal y que encarecen el servicio para los usuarios».

La concejala de Deportes, Marta Mejías, que asumió el cargo en verano, insiste en que «no hay riesgo para las escuelas» y compromete que «en ningún momento se ha hablado de prescindir de los monitores». Por contra, reseña la edil, ya se han reunido «con los técnicos, el interventor y el representante de los monitores en dos ocasiones» y su problema «ya se ha empezado a tratar en la mesa negociadora con los sindicatos». «Se está en ello y se hará lo que se pueda dentro de la legalidad», cita la representante pública.