El Procurador pide reforzar el control de médicos del Sacyl con consulta privada

p. infiesta | redacción

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León calcula que casi un 40% de los 1.726 médicos especialistas del Sacyl en la provincia trabajan tanto en el área pública como en la privada, y que el régimen de compatibilidades se «vulnera con frecuencia». Ven manga ancha y consideran que al igual que un juez no puede abrir un despacho de abogados, un médico no debería realizar la misma tarea en un hospital público por la mañana y en su consulta privada por la tarde.

Tras agotar la vía administrativa, la Plataforma ha logrado que el Procurador del Común dé sustento a sus quejas y reconozca que las actuaciones supervisoras en esa materia, tanto de la consejería de Sanidad, como de Presidencia, «han sido limitadas y existe un considerable margen de mejora». Por eso recomienda a la Junta «realizar nuevas actuaciones de oficio» para comprobar que no se producen incompatibilidades laborales del personal sanitario y, «más concretamente, del personal especialista del Sacyl».

Desde 2016, la gerencia regional de Salud ha tramitado una sola denuncia por incumplimiento de la normativa de incompatibilidades, que dio lugar a un procedimiento disciplinario resuelto con una sanción de dos años por falta muy grave. A ellas se suman tres actuaciones de oficio, uno resuelto con sanción de dos años de suspensión de funciones, otro con dos meses y el tercero, declarando la prescripción de la falta. Por su parte, la Inspección general de Servicios no ha efectuado actuaciones desde 2016.

El Procurador del Común ve escasa la atención que se presta a las dobles actividades médicas y cree que «resultaría de sumo interés persistir y profundizar en el seguimiento y control de los especialistas del Sacyl» para garantizar «la mejor calidad asistencial posible a los usuarios del servicio de Salud de Castilla y León y para la estricta sujeción de los profesionales sanitarios a las condiciones que han permitido, en cada supuesto concreto, el reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad laboral en el ámbito público o privado».

Es más, el Procurador considera que debería incluirse un apartado «específico de control de las autorizaciones de compatibilidad de los profesionales sanitarios en el Plan anual de la Inspección General de Servicios de la comunidad para el año 2019».

El asunto suele generar polémica. Los defensores de la exclusividad del trabajo de los médicos para el sistema público argumentan que muchos abandonan su consulta en el hospital para atender una urgencia o un parto en la privada.

También ponen sobre la mesa intereses espurios en la línea de ralentizar la asistencia pública para engrosar las listas de espera y, con ellas, favorecer las derivaciones de la Junta a la privada o la opción de pagar la atención.

En el otro lado emergen los defensores de la libertad profesional, que recuerdan que las compatibilidades médicas se conceden como a otros funcionarios, que los sueldos públicos «son bajos y se intentan completar en el ámbito privado», y que la organización pública «no siempre permite crecer y gozar de una proyección profesional que sí se alcanza en la privada».

La plataforma señala que determinados ginecólogos «abandonan su consulta pública para atender un nacimiento y que juegan con los tiempos». Indican que los viernes a última hora de la mañana la plantilla de Sacyl «parece haberse reducido en el hospital».

Al contrario, los médicos defienden que la mayoría de los especialistas poseen ética y responsabilidad, y responden bien en cada ámbito de trabajo. Hay que tener en cuenta además que ningún médico de la pública puede operar por derivación de Sacyl en la privada. Y, también, que la legislación vigente les exige, como a cualquier empleado público, solicitar de forma específica la compatibilidad.