La ley del Gobierno que obliga a cotizar las prácticas pone en peligro a 4.000 becarios
Desde el ministerio apuntan que el pago por alumno será de 50 euros al mes, «a modo de cotización reducida».
Alumnos de un centro de Formación Profesional de la capital leonesa durante una de sus clases. FERNANDO OTERO
A. Calvo | León
La nueva ley del Gobierno para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, que incluye también la obligatoriedad de incorporar al régimen de la Seguridad Social a los alumnos que estén realizando prácticas académicas, ha revolucionado la entrada de año tanto en las instituciones de enseñanza como en el sector empresarial. De momento, el Gobierno no han concretado quién deberá asumir la cotización, pero la Universidad de León adelanta que su presupuesto es muy ajustado para incorporar este gasto y las dos patronales empresariales leonesas, la Fele y el CEL, también son reacios a aceptar este pago a mayores.
En la provincia de León, entre los grados universitarios y los ciclos de Formación Profesional, cada año realizan prácticas en empresas 4.000 alumnos. Aunque el tiempo de estancia en las empresas varía, se calcula una media de tres meses por estudiante, como mínimo, durante su formación, que en la mayoría de los grados y de los ciclos son «curriculares», es decir, obligatorias para conseguir cada uno de los títulos.
Fuentes del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social confirmaron ayer que, aunque «el reglamento se desarrollará en los próximos meses» y que está pendiente que se convoque a reuniones a los actores implicados en este proceso, «se ha estimado que el pago por becario sería de en torno a 50 euros (mensuales), a modo de cotización reducida». Todo ello supondría unos 600.000 euros que desde la provincia ingresarían a las arcas de la Seguridad Social por los alumnos que realicen cada año sus prácticas.
Las empresas ya avisan
El consejero de Educación, Fernando Rey, considera esta nueva medida «una chapuza cósmica» que sólo servirá «para engordar las listas de cotizantes». «Hay muchas empresas que ya han llamado para decir que no tienen capacidad para pagar la Seguridad Social», dice la vicerrectora de Estudiantes, Ana García Pérez, palabras a las que también se suma el director del Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León, Enrique Blanco, quien añade que el centro también ha recibido varias llamadas de empresarios preguntando qué coste les supondrá, porque hasta ahora las prácticas de FP no son remuneradas y no suponen ningún gasto.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas también ha alertado de «las posibles repercusiones» de esta nueva normativa y exige diálogo con el Gobierno para abordar de forma conjunta esta situación. Además, reclaman que se tenga en cuenta la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, ya que las primeras son una práctica académica obligatoria y se consideran una asignatura más, y las segundas tienen carácter voluntario. Desde los tres ministerios implicados —Trabajo, Educación y Universidades— recuerdan que la finalidad del real decreto es «mejorar las prácticas» y «reforzar» el sistema de protección social de los alumnos que realicen dichas prácticas y que se ha fijado un plazo de tres meses para el desarrollo de esta norma, en el que se irán desarrollando las reuniones entre todas alas partes implicadas.