europa interviene
La Comisión Europea decide investigar los daños por el caos ambiental de la Variante
El trasvase de agua a Asturias llevó a los afectados a presentar una queja ante la UE por la infracción de directivas.
Imagen de uno de los arroyos más afectados por la fuga de agua provocada por las obras de los túneles de la Variante que llevará el AVE a Asturias. JESÚS F. SALVADORES
Más de 350 litros por segundo, el equivalente al consumo de agua al año de una ciudad de 176.000 habitantes, suma la cantidad que actualmente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico autoriza para verter en Asturias procedente de la Variante de Pajares, aproximadamente la mitad de la que se fugaba antes de realizar los millonarios trabajos de sellado en los túneles. Una continua corriente que sigue secando acuíferos, arroyos, manantiales y fuentes de la montaña leonesa —con daños constatados desde 2006 hasta el momento— en los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón. La Comisión Europea ya investiga la queja planteada por el colectivo de pueblos afectados por estos trasvases de agua, una fuga hacia el Principado que consideran que incumple tres directivas de la UE: Hábitat, Evaluación Ambiental y la del Marco del Agua. «Una violación del derecho comunitario en una zona Red Natura 2000», recuerda el abogado de los afectados Carlos González-Antón.
«En realidad las obras han revestido los túneles por dentro con una camisa y hace que ahora el agua trasvasada se desvíe por el fondo», abunda. La propia Comisión Europea ha remitido un escrito al letrado para anunciar al colectivo que defiende que sus servicios medioambientales y jurídicos ya evalúan la queja. «Le mantendremos informado de los resultados de esta investigación tan pronto como sea posible», añade la misiva, tras la apertura de un expediente para investigar la infracción del Derecho Comunitario. Adif reconoce los daños causados en los acuíferos por estas obras en el libro Hidrogeología de los Túneles de Pajares, que regaló en la Navidad de 2009.
Los afectados aguardan el plan que la Confederación Hidrográfica del Duero había encargado a Tragsa para diseñar las medidas correctoras encaminadas a evitar los daños en los acuíferos leoneses, un informe que ya debería haber sido presentado en otoño y que cuenta con un millón de euros de presupuesto. Precisamente, la única sanción que hasta ahora se ha planteado por estas fugas tuvo como destino la CHD: pagó una multa de 10.000 euros en 2017 tras ser expedientada por no contar con medidas correctoras.
Y el tercer frente abierto en la defensa colectiva de estas poblaciones para evitar que la fuga de agua dañe la economía local y empuje más la despoblación, se centra en la modificación, gracias a un recurso de alza planteado por los afectados, de la declaración de impacto ambiental aprobada para el proyecto de la Variante de Pajares.