MINERÍA
La muerte de Julen pone en León el foco sobre el peligro de las chimeneas de las minas
Lo hace "en consideración a la peligrosidad que supone para la seguridad de las personas la existencia de dichos elementos sin los cierres necesarios o en deficiente estado de conservación"
El procurador del común, Tomás Quintana
El Procurador del Común de Castilla y León ha iniciado una actuación de oficio con relación a las deficiencias que pudieran existir en cuanto a la clausura segura de las chimeneas y accesos a las minas de interior cuya actividad ha cesado.
Lo hace "en consideración a la peligrosidad que supone para la seguridad de las personas la existencia de dichos elementos sin los cierres necesarios o en deficiente estado de conservación", según ha explicado este martes la institución por medio de un comunicado.
Recuerda que en los últimos años se ha producido el cierre de muchas explotaciones mineras en Castilla y León, especialmente en zonas de León y Palencia, y advierte de que pueden haber quedado al descubierto en la actualidad agujeros peligrosos sin el control pertinente.
Por esta razón, ha solicitado a la Consejería de Economía y Hacienda que, a través de la Dirección General de Energía y Minas, informe sobre los controles realizados al efecto en el momento de la conclusión de las actividades mineras.
En concreto, si están inventariadas todas las explotaciones mineras que han quedado sin actividad y si existen planes de inspección periódicos o de otro tipo de las instalaciones de esas explotaciones.
También solicita información sobre los expedientes que, en los últimos cuatro años, pudieran haberse incoado en virtud de denuncia o de oficio, con motivo de la existencia de huecos no clausurados o con cierres que no cumplen con la función a la que han de estar destinados.
En 2004 la Junta ya buscaba una solución para las más de 200 minas abandonadas. Incluso se pensó enreutilizarlas como cementerios nucleares. Bocaminas o chimeneas, riesgos de contaminación de aguas en el subsuelo, emisión de gases (metano), etcétera suponían un problema aobre el que que ahora el Procurador del Común pone el foco.
La mayoría eran pequeñas concesiones carboníferas que quedaron improductivas a mediados de los setenta u ochenta con la reconversión de la hulla y la antracita, muchas de ellas con una plantilla de apenas cincuenta o cien trabajadores. Otras ni siquiera llegaban a esas cifras, por debajo de las cuales los propios mineros clasifican a cualquier empresa como un simple «chamizo».
La Junta considera que la normativa actual “refleja perfectamente” las obligaciones de los titulares de terrenos donde hay pozos
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consideró hoy que las actuales normas “reflejan perfectamente” las obligaciones de los titulares de los predios donde hay pozos, incluido el apartado de las condiciones de seguridad. “Lo que puede haber no es nuevas normas, sino incrementar la inspección, la vigilancia y, en su caso, los procedimientos sancionadores”, señaló. “El caso, del que todos hablamos, del pequeño que ha fallecido en el sur de España en una situación espantosa no se puede volver a producir”, rubricó.
De esta forma, Suárez-Quiñones aseguró que la Administración autonómica “hará todo lo que sea necesario” mediante trabajos de inspección y control para que “se cumplan las obligaciones” de los titulares de los predios donde estén ese tipo de prospecciones y pozos. “Todo el personal que trabaja en el territorio, desde la Guardia Civil a los agentes medioambientales, con funciones de autoridad tiene la potestad plena de poner de manifiesto la existencia de una instalación irregular”, rubricó.
“No me cabe ninguna duda de que la sensibilización que ha producido este desgraciado suceso va a hacer que profundice y que todos estemos más atentos”, concluyó.
Juan Carlos Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en la Institución provincial zamorana antes de firmar con la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín, un convenio de colaboración en virtud del cual se actualizará el planeamiento urbanístico de municipios zamoranos con menos de 500 habitantes.
San Andrés del Rabanedo pide a los propietarios de pozos en desuso que los sellen por razones de seguridad
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo insta a los propietarios de pozos en desuso ubicados en fincas del municipio a que procedan a su sellado para garantizar la seguridad, especialmente en el caso de terrenos no están protegidos y son de fácil acceso. La concejala de Urbanismo, Tamara Velilla, firmó recientemente varios requerimientos en los que, en virtud de la normativa vigente, insta a los dueños de fincas sin vallar que albergan este tipo de captaciones abiertas a que procedan “de manera urgente” a su sellado para evitar que el estado que presentan pueda generar un riesgo para las personas.
En las últimas semanas, el Consistorio recibió avisos formales de vecinos informando sobre la ubicación de pozos sin proteger que pueden suponer un peligro para quienes transitan por las zonas más rurales de San Andrés, teniendo en cuenta las características propias del entorno del municipio. “Hemos detectado una preocupación creciente en torno a este asunto, por lo que, teniendo en cuenta el riesgo que puede suponer para las personas la existencia de pozos indebidamente señalizados y tapados, es imprescindible que sus propietarios adopten a la mayor brevedad las medidas oportunas”, explicó la edil.