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Raquel Gago será trasladada a Alcalá y ya se acerca a los primeros permisos
Mantiene el segundo grado pero cumplirá el resto de la condena en una prisión de mujeres.
Centro Penitenciario de Madrid I, en Alcalá de Henares.
Raquel Gago, la tercera condenada por el asesinato de Isabel Carrasco en calidad de cómplice, será trasladada la próxima semana al Centro Penitenciario de Madrid I, con sede en Alcalá de Henares y exclusivo para mujeres, en virtud de una revisión de clasificación que le mantiene en situación de segundo grado, pero que hará que cumpla el resto de la pena en un nuevo destino.
Gago mantendrá su régimen de internamiento pero se flexibilizan notablemente sus condiciones de reclusión y está a un paso de acceder a los primeros permisos, cuando se dé por cumplido un cuarto de su condena de catorce años y se considere que cumple objetivamente los requisitos de personalidad, ausencia de riesgo de fuga y buen comportamiento, que en el caso de la reclusa, concurren a tenor de los informes emitidos.
A tenor de la evaluación que se ha realizado en el Centro penitenciario de Villahierro, la evolución de su personalidad ha sido positiva, no hay constancia de penalizaciones destacadas y en definitiva se cumplen todos los condicionantes para que se lleve a cabo el traslado, que no tiene fecha fija pero que se llevará a trámite la semana próxima.
Raquel Gago fue considerada culpable por el tribunal del jurado que juzgó su caso en el año 2016. La Audiencia Provincial de León le impuso una pena de cinco años de prisión por encubrimiento, que revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la amplió a doce como cómplice de asesinato y que posteriormente el Tribunal Supremo elevó a catorce al considerar que había incurrido en tenencia ilícita de armas.
La condenada niega su participación en los hechos, pero aún así su representación letrada emitió tras la última condena una nota pública en la que lamentaba el asesinato de la víctima y se solidarizaba con su familia.
Gago tuvo que devolver al Ayuntamiento de León en abril del año pasado alrededor de 24.000 euros, correspondientes al salario sin complementos de casi 1.000 euros mensuales que percibió mientras se tramitó la causa judicial. Una vez que el Consistorio le retiró su condición de policía local, se le exigió el reintegro de la cantidad.
Las otras dos condenadas, Montserrat González y Triana Martínez, cumplen condena de 22 y 20 años respectivamente en el Centro Penitenciario Provincial de Asturias, tras pasar por Valladolid y León.