La Junta abre nueve expedientes sancionadores en el último año

La Asociación de Alojamientos Independientes ha cursado decenas de denuncias ante la Junta cuando detectan pisos turísticos ilegales. En ese momento la institución autonómica remite una solicitud a la Policía Local para que acudan a la vivienda a investigar. Los agentes levantan el correspondiente atestado y contactan con el propietario para comprobar si tiene o no licencia para funcionar como alojamiento turístico. Si no la tienen, abren un expediente sancionador que podría acabar en multa (entre los 9.000 y los 90.000 euros). El pasado año, la Junta tramitó y abrió ocho expedientes sancionadores y en lo que va de 2019 uno.

Exceltur —el ‘lobby’ que aglutina a los principales agentes del sector turístico en España— indica que mientras la oferta de plazas hoteleras crece a un ritmo del 1,5% anual en las grandes ciudades, la de los apartamentos turísticos se dispara un 188%. Y un estudio de la consultora inmobiliaria Savills ofrece otro dato revelador: si en el año 2000 ocho de cada diez propietarios nunca habían alquilado sus viviendas pensando en recibir turistas, hoy dos tercios de los propietarios lo hacen en algunos periodos del año.