Cuentas indica que la Junta no financia el déficit real del transporte urbano

p. infiesta | león

El Consejo de Cuentas constata que la consejería de Fomento y Medio Ambiente está financiando un déficit de la explotación del transporte urbano «que no se corresponde con el real» de los servicios, de manera que la cuantía subvencionada no sirve para «restablecer el equilibrio económico del contrato de gestión del servicio público».

La institución cree que la Junta ha incumplido lo dispuesto en las bases reguladoras de las ayudas a las líneas de transporte regular para viajeros por carretera de 2009, sobre todo, porque no se acredita el correcto cálculo de los costes de prestación del servicio. Y calcula que en el 53% de los casos de la Comunidad se financian cuantías inferiores a las solicitadas. En León, al igual que en Salamanca y Valladolid, Cuentas aprecia que en la implantación del transporte metropolitano se está financiando la bonificación de la tarifa, en lugar del déficit de explotación, y recomienda una línea de subvención independiente.

En un informe propio advierte, además, que las concesiones vigentes en la Comunidad acumulan una duración superior a treinta años, por lo que lo difiere de la necesaria adaptación del sector a la normativa europea. La UE persigue la liberalización del mercado de transporte mediante el establecimiento de la competencia en la adjudicación de los contratos y, por tanto, limita la duración de las concesiones a un plazo de diez años.

El documento Fiscalización de las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera, que corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018 señala que la consejería dispuso 12,9 millones de euros para 241 titulares del servicio de transporte. Sin embargo hay 77 que se quedan fuera de la orden de convocatoria de las subvenciones porque, aunque prestan el servicio, poseen autorizaciones administrativas especiales cuya vigencia ha finalizado. Por eso pide a la Dirección General de Transportes que regularice la situación de los titulares de las desaparecidas autorizaciones administrativas especiales, mediante la tramitación de un contrato de concesión de servicios.

El Consejo de Cuentas ve que los criterios de valoración de las solicitudes «no es válido» en un procedimiento de concesión directa que se resuelve en función del orden de entrada de las solicitudes. «Las bases reguladoras establecen criterios de concesión cuando el procedimiento a aplicar no es el ordinario de concurrencia competitiva», apuntó.

También señala que al diferir el pago de estas ayudas «obliga a los beneficiarios a asumir los costes financieros derivados de los servicios deficitarios, que no son abonados por la administración hasta transcurridos dos años desde que se produce el déficit». Otra de las recomendaciones es que las convocatorias futuras de ayudas reflejen la estructura real de costes e ingresos que va a ser utilizada para cuantificar el importe.