Hacienda da el visto bueno al presupuesto municipal aunque con condiciones

álvaro caballero | león

Sin necesidad de supervisión, pero «condicionado» al cumplimiento de una serie de requisitos, el Ministerio de Hacienda emitió «informe favorable a la prórroga del presupuesto general» del Ayuntamiento para 2019. El informe, remitido por la necesidad de someterse a supervisión preceptiva y vinculante al haber ampliado el plan de pago a proveedores a 20 años, salva los escollos del ejercicio 2018, en el que se aplazó la aprobación de las cuentas municipales durante más de un mes por la necesidad de comprometer los ajustes y que fueran aprobados de nuevo por el órgano de supervisión. Con los precedentes como norma ya asentada, ahora le sirve al departamento ministerial con siete ajustes, buena parte de ellos formales, entre los que destaca la necesidad de reducir la previsión de varios tributos.

Esta vez, ni siquiera exigen que sea «necesaria la solicitud de informe por parte del Ayuntamiento de León respecto del proyecto de presupuesto que, finalmente, pueda aprobar para este ejercicio 2019, siempre que en aquel se dé cumplimiento a las condiciones» marcadas. Hacienda expone que será necesario «aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que permita absorber el saldo por devolución de ingresos indebidos con que se estime liquidar el presupuesto de 2018, al objeto de garantizar la correcta nivelación presupuestaria». Para lograrlo, la subdirección general propone que «se declaren no disponibles gastos corrientes por la cuantía necesaria si no existiera margen entre ingresos corrientes, descontados los ingresos finalistas, y los gastos corrientes más la amortización de la deuda financiera».

Más allá de esta consideración, los técnicos de Hacienda hacen los incisos más acusados sobre las previsiones iniciales de una seria de tributos. Entre ellos, el informe subraya los ajustados al IBI de urbana, que «deben limitarse al importe del padrón que se apruebe para 2019, sin que puedan incluirse nuevas altas derivadas de una mera expectativa de cobro o liquidación de nuevas altas». Aunque admiten que la cifra apuntada, 51.250.340 euros, «excede ligeramente el importe de los derechos reconocidos de los últimos ejercicios», que son de 50.508.339 euros, los profesionales de la subdirección general advierten de que «podría dar lugar a la generación de un déficit presupuestario». En los mismos términos, se pronuncian con respecto al Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido de manera popular como plusvalía, a pesar de que la ejecución presupuestaria ha superado las previsiones, sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y sobre las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio local, que recalcan que «han de limitarse al importe de la recaudación total media de los tres últimos ejercicios». Con esta medida, reseñan, no sólo se quiere evitar las desviaciones en las cuentas, «sino también que se produzcan tensiones de tesorería, dado que, aunque el periodo medio de pago a proveedores es de 11,91 días, el período medio de pago pendiente del Ayuntamiento, según el último informe de morosidad comercial, se sitúa en 138,67 días».

Al margen de los tributos, Hacienda aconseja que en los ingresos por transferencias corrientes se disponga de «un compromiso firme de aportación o un convenio» firmado con la Junta y con «otros entes locales o, en su defecto, adopte acuerdo de no disponibilidad» hasta tenerlo.