EL RECUENTO DEL 26-M
La Fiscalía defiende que las pruebas que dejan a Vox fuera del Ayuntamiento de León son «fiables»
El Ministerio Fiscal solicita la desestimación de los recursos sobre los que ahora debe pronunciarse la sala del TSJ

Imagen del día del escrutinio, con los representantes de Vox, PSOE y PP y Muñiz Tejerina. MARCIANO PÉREZ
Aunque todavía tienen que pronunciarse los magistrados de la sala de lo contencioso electoral, la Fiscalía de la comunidad autónoma solicitó ayer la «integra» desestimación de los recursos planteados por el PP y Vox contra la proclamación de electos efectuada por la Junta Electoral de zona de León que deja fuera del Ayuntamiento a la formación de ultraderecha.
El Ministerio Fiscal defiende que son «fiables» las pruebas practicadas, entre las que se cuentan el testimonio de la presidenta, las dos vocales y la representante de la administración central en la polémica mesa de las Pastorinas, así como el acta de borrador que hicieron y el cotejo con los resultados autonómicos y europeos. La suma de todos estos argumentos permite «llegar a la convicción de que existió el repetido error de transcripción», según subraya la acusación pública.
La Fiscalía incide en su comunicación en que, «a salvo» de que pudiera practicarse alguna otra prueba que arrojara «nuevos» elementos de convicción que «ahora no se advierten», su criterio pasa por dar validez al fallo dictado por la Junta Electoral de zona de León y confirmado por la Junta Electoral Central. Los representantes del Ministerio Público restan importancia «al hecho de que la Junta Electoral de Zona se pudiera haber excedido o no en sus competencias», como advirtió uno de los magistrados de la Junta Electoral Central en su voto particular, y reclaman a la sala del TSJ que «se pronuncie sobre el fondo del asunto: si hubo algún error en la transcripción de datos en la mesa 7-5-B y dilucide cuáles son los resultados electorales correctos en dicha mesa».
En el escrito se descarta «la existencia de un error aritmético» y se apostilla que se debe «tan sólo a un error de transcripción que por su singularidad no puede enmarcarse en un error manifiesto que pueda apreciarse a primera vista por discordancia ante las cifras, sino que está precisamente en dichas cifras, que se anotaron en los documentos oficiales de modo erróneo», como trasladaron desde la acusación popular.
Más allá incluso, el Ministerio Fiscal desmonta el argumento de PP y Vox. Las dos formaciones defienden que la Junta Electoral de Zona de León «no podía ni debía disponer la práctica de ninguna diligencia probatoria encaminada a contrastar los resultados reflejados en el acta». Frente a esta tesis, la Fiscalía asienta que la Junta Electoral de Zona «estaba obligada a buscar la verdad».
«Se nos plantea aquí es un dilema jurídico y moral y es si, ante las evidencias de que ha podido producirse ese error, trascendente desde luego, debe prevalecer la verdad oficial formal o la material, es decir si hemos de mirar todos hacia otro lado dando por cierta la documentación oficial aunque parezca errónea o debe prevalecer la verdad material y la voluntad manifestada por los electores. Nosotros entendemos, desde luego, que debe prevalecer sin ninguna duda la verdad material», relata el teniente fiscal, Emilio Fernández, exfiscal provincial de León. El representante público abunda además en que, pese a «las insinuaciones» de las recurrentes de que las declaraciones de la presidenta, las vocales y la representante de la administración central en la mesa pudieron ser «orientadas por los partidos», les son aplicables «las condiciones de objetividad, imparcialidad y neutralidad previstas legalmente.
«No hay, pues, motivo alguno para dudar del testimonio que ofrecieron», subraya la Fiscalía, tras recordar que todos «afirmaron, sin duda alguna, que efectivamente existía un error y que no tenían ninguna duda de que había ganado el PSOE».
Sin salirse de esta línea, la acusación popular estima que el borrador del acta, en el que se asignaban 130 votos al PSOE y 28 a Vox, al revés que en el acta, no tiene «un valor de documento oficial», pero «sí constituye un poderoso indicio». Fernández considera además «un indicio importante a valorar» los resultados de las elecciones autonómicas y las europeas, que presentan «una tendencia de voto muy similar a la que figura en el borrador y distinta a la que reflejaba las actas», aunque reconocen que «no es extrapolable».
El análisis de todas las pruebas practicadas en León por el presidente del organismo, Fernando Javier Muñiz Tejerina, hacen que la Fiscalía recalque que «no hay ningún elemento para pensar que los datos consignados en las actas fueron los correctos y sí, por el contrario, todos los posibles para estimar que los que se corresponden con los verdaderos resultados electorales son los rectificados por la Junta Electoral de Zona».
Sobre este criterio firme, el Ministerio Público entiende además que no resulta «procedente» acceder a la repetición de las elecciones, como pedía Vox que se hiciera en todo el municipio, ni como reclamaba el PP tan sólo para la polémica mesa de las Pastorinas.
Esta opción, que solicitan las recurrentes de manera subsidiaria a que se revoque la proclamación de electos, «conduciría, con toda probabilidad, a unos resultados electorales muy distintos de los inicialmente producidos en la medida en que, dada la trascendencia del resultado, se podría originar una concentración de votos con un aumento muy importante de los asignados a Vox», que se quedó a tan sólo 25 votos del 5% que se exige para el primer concejal, «y al PSOE que no se correspondería en absoluto con la voluntad inicial de los votantes manifestada el 26-5-2019».