La ULE sigue estancada en transparencia económica
A. Calvo | León
La Universidad de León continúa, un año más, en el grupo de las universidades translúcidas, según el estudio que presenta la Fundación Compromiso y Transparencia, desde donde destacan que la institución leonesa «cumple parcialmente» varios aspectos vinculados a cuestiones económicas, como el estado financiero, la memoria económica o el hecho de que no hace pública «la correspondiente auditoría». En todos estos casos, León ofrece la información relativa al 2017 y no la del año pasado, como debería ser. A mayores, en el informe se destaca que no se publica el informe de empleabilidad , con información sobre este proceso para sus alumnos. La Universidad de León también suspende en transparencia en la información sobre el nivel de endogamia del profesorado y los resultados de internacionalidad.
El centro universitario leonés ha mejorado en un indicador respecto al año pasado y se coloca en el puesto diez de la clasificación, ya que las universidades se van agrupando en posiciones en función del porcentaje de cumplimiento de los criterios. En el caso de las translúcidas está integrado por los centros académicos que cumplen al menos 39 de los 54 requisitos. Así, la Universidad de León comparte esta décima posición con la Politécnica de Madrid y las universidades de La Rioja y Jaén, ya que todas han cumplido con un 70% de los criterios exigidos. En primera posición de este ránking, que valora «el esfuerzo por difundir y publicar la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada» en su página web, está la Universidad de Burgos, que cumple el 91% de los criterios, con 49 de los 54 ítems. Por contra, cierran la tabla, en el grupo 28, las universidades de Santiago de Compostela e Internacional de Andalucía, con un porcentaje del 39%.
En el informe de este año, la Fundación Conocimiento y Transparencia hace hincapié en que se han añadido los niveles de transparencia con respecto a información sobre el Consejo Social. La Universidad de León suspende precisamente los tres puntos que hacen referencia a este órgano de gobierno y en el informe se especifica que «la Ley ofrece a los consejos sociales un margen de maniobra mucho mayor del que hasta ahora han ejercido. Y lo que también es indudable es que, mientras no lo ejerzan, será difícil mejorar la gobernanza actual de la universidad», por lo que el director de la fundación, Javier Martín Cavanna, lanza la pregunta de si el Consejo Social se trata de un órgano de gobierno o simplemente de «un órgano decorativo». En el informe participan este año 49 universidades públicas y también dedica un apartado exclusivo para los centros privados.