El Consejo de Cuentas evalúa la eficiencia recaudatoria de la Diputación
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó ayer las directrices técnicas para realizar dos nuevas auditorías especiales referidas al sector público local, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020. De este modo se inician los trabajos para elaborar los informes Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales y Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales . Este segundo trabajo realizará una fiscalización específica, de carácter operativo, centrada en el análisis de la gestión recaudatoria que lleva a cabo la Diputación de León por delegación para los municipios, evaluándose la eficacia de esta gestión a través de los distintos sistemas y procedimientos empleados.
La Ley de Bases del Régimen Local establece específicamente como una de las competencias propias de las diputaciones la de asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. El Consejo de Cuentas que preside el leonés Mario Amilivia considera «de particular interés» realizar este análisis. Las actuaciones fiscalizadoras se referirán fundamentalmente al ejercicio 2019, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias para el cumplimiento de los objetivos que se proponen.
El segundo trabajo es una auditoría con el objetivo de analizar las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para la implantación de los controles básicos de ciberseguridad, así como su grado de efectividad en los municipios con población de 10.000 a 20.000 habitantes de Castilla y León, entre los que están Villaquilambre, Astorga y La Bañeza. Son ayuntamientos a los que se les presupone la estructura necesaria para proteger los datos de sus ciudadanos.