Los afectados por la colza exigen al Gobierno el pago de pensiones

Los afectados por el síndrome de la colza que ayer celebraron su asamblea en León se quejaron especialmente de los criterios que utilizan los forenses de Madrid para determinar el grado de minusvalía de los enfermos, que en general es inferior al que consideran los doctores que les atienden en León. Esta rebaja en la minusvalía provoca que, en opinión de los afectados, las ayudas sean inferiores a lo que realmente les correspondería. La crispación se hizo más palpable en el momento de tratar el cobro de pensiones, lo que enfrentó a los afectados que no han percibido las indemnizaciones con aquellos que ya las han cobrado y que tienen intención de percibir también las mensualidades. El proyecto para reclamar el cobro de las pensiones está ya redactado y entregado en el Ministerio de Hacienda, y sólo falta que sea aprobado. El portavoz de la Asociación, Abel Fernández, tuvo que enfrentarse a las reclamaciones de los afectados especialmente a la hora de justificar los retrasos en el cobro de las indemnizaciones. Fernández destacó que el año pasado por estas fechas se habían cobrado ya 2.500, mientras que este año sólo han sido 1.100. Los afectados presentes en la asamblea achacaron la tardanza en el cobro a los intereses personales y políticos, que pretenden que el proceso no termine; lo que está provocando diferencias de hasta siete años en el cobro de las ayudas por parte de los indemnizados. Cuando más interés pusieron los afectados fue cuando el letrado Carlos Vila trató el tema del retraso en el cobro de las indemnizaciones que quedan pendientes. Vila explicó que se había producido una reduccion en el número de funcionarios que llevan estos asuntos, que habían pasado de diez a seis, por lo que el proceso es ahora mucho nás lento. Como prueba de ello, faltan todavía ocho mil personas por cobrar. Reunión con la Junta Abel Fernández anunció también la intención de la asociación de reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para retomar las negociaciones que mantuvieron con su predecesor, Juan José Lucas, de cara a conseguir el cobro de las pensiones. La administración regional redactó una propuesta de ley que fue finalmente rechazada, ya que el reglamento no contempla la posibilidad de cobrar la pensión si se ha recibido ya la indemnización correspondiente. Sin embargo, Lucas había mostrado, según la Asociación, una predisposición favorable a conseguir esta ayuda para los afectados. Estas pensiones, de ser aprobada, supondrían un cobro mensual de 300 euros. Abel Fernández se mostró dispuesto a seguir negociando con el Gobierno el cobro de las pensiones, pero si el diálogo se agota, los afectados recurrirán a la oposición, en especial con el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández no descartó llevar a cabo movilizaciones. Estos proyectos tendrán que superar el enfrentamiento interno entre miembros de la Asociación de Afectados, que después de años de reclamaciones no tienen los mismos intereses.