La cuestión social

LOS genuinos promotores políticos de la ortodoxia liberal, fundamento y cauce de la globalización que hoy surte las fibras principales del «pensamiento único» occidental, fueron indiscutiblemente los anglosajones Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cabezas visibles de una poderosa corriente de pensamiento que, al hilo del hundimiento del colectivismo, sentó las bases del nuevo orden vigente, descarnado y potenciado a la vez por los sucesos del 11-S. Reagan y Thatcher pasarán a la historia no sólo por haber enterrado lo sustancial de Keynes y de las construcciones socialdemócratas sino también por haber plantado cara y contribuido al hundimiento de los sindicatos. El corporativismo de las organizaciones obreras producía en sus países rozamientos que resultaban incompatibles con los desarrollos desreguladores de ambos. Europa continental ha mantenido sin embargo un modelo de sociedad mucho más proteccionista, un gran acervo de derechos sociales que las viejas colectividades de nuestros países consideran en gran medida una «conquista irrenunciable». La certeza de que la rigidez laboral es incompatible con el pleno empleo no es un argumento decisivo para aceptar acríticamente el modelo norteamericano, que tiene un coste alto en términos de deshumanización e inseguridad laboral. El Gobierno del Partido Popular, en el poder desde 1996, parece ser consciente de ello, puesto que ha mantenido permanentemente un discurso empeñado en demostrar que es falso que la sensibilidad social esté sólo en la izquierda: el «centro-derecha» es igualmente sensible a los requerimientos de los agentes sociales, y, además -aseguran sus representantes políticos- es mucho más eficaz, ya que consigue mejores rendimientos en términos de crecimiento y empleo. Este discurso fue incontestable en tanto el Ejecutivo fue consensuando las reformas con los agentes sociales. Los sindicatos, disminuidos por efecto de los grandes cambios ideológicos y por la crisis del que se llamó ''consenso socialdemócrata'', han mantenido desde 1996 una actitud profesionalizada y pragmática que permitió el buen entendimiento con el Gobierno en un proceso de franca liberalización del mercado laboral. Liberalización que, en contra de lo que puede parecer al asistir a los debates de estos días, está prácticamente concluida. Las últimas reformas consumadas o en ciernes (la reforma del desempleo o de los modelos de contratación) son simples flecos, de una importancia relativa. Este proceso de reformas negociadas se interrumpió hace poco, y la crisis se hizo manifiesta el 20 de junio. Pero más allá del buen tono de la ''diplomacia'' gubernamental en este asunto, los mensajes son cada vez más duros: el ''decretazo'' no será mitigado en su trámite parlamentario; la reforma de la negociación colectiva podría ser incluida por el Gobierno en el cajón de sastre de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos; y el fiscal del Estado está a punto de querellarse con los sindicatos (y con la patronal, compañera involuntaria de los sindicatos en este viaje) por presunto y abultado fraude en la gestión de los recursos del INEM y de la UE para cursos de formación. En política, las casualidades no existen, y sería una ingenuidad imperdonable pensar que las acciones de la fiscalía son espontáneas y nada tienen que ver con el 20-J. Tampoco es creíble que la filtración que cifra el supuesto fraude en unos 15.000 millones de pesetas haya surgido inocentemente.