Proponen 23 años de prisión por el asesinato de un jubilado en La Sal

El varón acusado de acabar con la vida de un jubilado que paseaba junto a su esposa por el barrio de La Sal en agosto de 2017 se enfrenta una pena de 23 años de prisión, sospechoso de asesinato por lo que será juzgado en la Audiencia Provincial los próximos días 12 a 15 de abril por un jurado popular.

De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2017 a medianoche. El matrimonio paseaba por la calle Marqués de Santillana de San Andrés del Rabanedo, momento en el que con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito y sin descartar la utilización de cualquier medio para conseguir sus objetivos y facilitar su impunidad el sospechoso se dirigió presuntamente se dirigió a ellos exhibiendo un objeto punzante diciéndoles: «Dadme todo o si no os mato».

Acto seguido, el investigado empujó a la víctima contra un garaje que había en la calle, para hacerse con su bolso en el que portaba un móvil, una cartera con 180 euros, tarjetas bancarias y documentación personal. De forma súbita y sorpresiva, sin previo aviso ni la mínima oportunidad de defenderse, le ocasionó una herida penetrante en el tórax, que le causó la rotura de la cavidad ventricular derecha provocando una intensa hemorragia y su muerte diez minutos después por un mecanismo de hemorragia brusca y anemia.

Con posterioridad se dio la vuelta y se dirigió contra la mujer del herido, mostrándole el objeto punzante, dándole un empujón para arrebatarle el bolso que llevaba y provocando su caída al suelo, a causa de lo cual la mujer estuvo sometida a tratamiento médico. La viuda presenta un trastorno de estrés postraumático que ha necesitado tratamiento psicoterapéutico durante 479 días.

Una vez que el acusado se apoderó del bolso de la víctima, huyó del lugar pero en el camino perdió un teléfono móvil que estaba a nombre de su pareja. Fue localizado sobre las 7.30 de la mañana del 19 de agosto en la calle Juan XXIII, portando los móviles del fallecido y de la mujer herida, además de otros efectos personales propiedad de los mismos.

A criterio de la Fiscalía se trata de un delito de asesinato, por el que propone una pena de 23 años de prisión y un delito de robo con violencia e intimidación, por el que solicita la condena a cuatro años y seis meses de cárcel. También aprecia la existencia de un delito leve de lesiones, que comportaría en caso de ser probado una condena a dos meses de multa a razón de seis euros diarios (360 euros).

La defensa del acusado discrepa de la versión correlativa de los hechos presentada por la acusación pública y exige la libre absolución.