El Gobierno y la Junta dan luz verde a la Junta Arbitral del Consumo de León

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la consejera de Empleo e Industria. Ana Carlota Amigo, suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de León para la constitución de la junta arbitral de consumo. Así, según se desprende del acuerdo publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, este convenio tiene una vigencia de cuatro años, es prorrogable por otros cuatro, y da continuidad a la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Junta de Castilla y León y las entidades locales para el impulso de la resolución alternativa de litigios. Además de con el alcalde de León, José Antonio Diez, Garzón y Amigo ratificaron también este acuerdo con los regidores de Burgos, Zamora y Salamanca.

Todas las administraciones se comprometen a intercambiar información para mejorar el sistema de arbitraje y el Ministerio asume una función asesora. El convenio suscrito es de naturaleza administrativa, no genera compromisos financieros y establece una comisión de seguimiento para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

El arbitraje de consumo es la vía más sencilla para resolver los conflictos que pueden surgir entre las personas consumidoras y usuarias y las empresas, comerciantes o prestadores de servicios. Es gratuito para los consumidores y hace de la mediación su principal herramienta.

Tal y como especifican en el Ministerio de Consumo, en el Sistema Arbitral de Consumo, intervienen dos tipos de órganos, uno encargado de la administración del arbitraje que son las junta arbitrales y otros que son los órganos arbitrales que son quienes conocen de la controversia concreta y emiten el laudo. Éstos son designados para cada caso concreto.

La Junta Arbitral de Consumo competente será aquélla a la que para ambas partes, de común acuerdo, sometan la resolución del conflicto y están compuestas por un presidente y un secretario, cargos que recaen en personal al servicio de las administraciones públicas. Será el edificio de la plaza de San Marcelo el que acoja la sede de la Junta Arbitral de Consumo de León, tal y como ya recoge la web del ministerio.

El ministro Garzón avanzó recientemente una inyección de 1,3 millones de euros para la modernización y digitalización de los sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas. En el Senado, incidió en que el objetivo es evitar la judicialización en las relaciones de consumo y recordó que, en ocasiones, «se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización a la que casi nadie llega y supone una ventaja para el grande». En este sentido señaló que el sistema de arbitraje es una herramienta «sencilla, ágil y gratuita» aunque «desconocida por la población pese a ser el camino más favorable».