La sanción de la UE por una concesión como la de la AP-66 amenaza un negocio de 2.000 M€
Europa considera ilegal prorrogar una adjudicación sin licitarla, como hizo el Gobierno de Aznar con Aucalsa hasta 2050
La sanción que tramita Europa contra España por la prórroga de la concesión de una autopista en idénticas condiciones que se hizo la de la León-Campomanes (AP-66), sin licitación pública, arriesga un negocio millonario en esta infraestructura si se revisa esta concesión tras el procedimiento abierto por la Comisión Europea sobre la gallega AP-9. La primera concesión que se hizo a Aucalsa para la autopista asturleonesa expiraría el próximo mes de octubre, pero el Gobierno de Aznar la extendió de hecho hasta 2050. De aquí a que finalice este periodo, la concesionaria tiene una previsión de ingresos superior a los 2.000 millones de euros. La cifra está calculada antes de que se empezaran a negociar con el Gobierno central las posibles bonificaciones para los usuarios.
Lo cierto es que existe incertidumbre real sobre lo que pueda ocurrir a partir de ahora, dado que Europa puede llevar a España, en última instancia, hasta el Tribunal Europeo por esta ilegalidad que hacía pública esta semana. Lo hacía la Comisión Europea. El jueves abría un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de la autopista de peaje AP-9 sin haber hecho una licitación pública para ello. Esta autopista ha conseguido ser la primera del país en recibir el apoyo de la Administración central para suprimer el peaje que deberían pagar los conductores hasta 2048, como figura en su contrato.
Gráfico ampliable
Pero de acuerdo con las normas comunitarias, la extensión de un contrato de concesión «es equivalente a una nueva concesión, que puede ser otorgada solo mediante un concurso público previo», por lo que España habría violado las reglas de licitaciones públicas de la Unión Europea, precisa la institución en un comunicado. El Ejecutivo comunitario da ahora al Gobierno de Sánchez dos meses para responder antes de continuar con un expediente que le permitiría llevar a las autoridades españolas ante los tribunales europeos.
La Comisión Europea abrió un expediente por el mismo motivo a Italia, que prolongó sin licitación la concesión de una autopista en el Tirreno y, dos años después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciase que había incumplido las normas europeas, aún no ha tomado medidas para implementar la sentencia.
La concesión de la AP-9, autopista de peaje que vertebra Galicia, a la empresa Audasa se prorrogó por tercera vez en el año 2000 para y expirará en 2048, recordó Efe. En julio, el Gobierno aprobó rebajas de los peajes en esta vía que permitirán que 15 millones de tránsitos anuales vean eliminado o reducido el peaje gracias a los descuentos y bonificaciones en los casi 220 kilómetros que unen Tui y Ferrol gracias a los 2.300 millones de euros que se desembolsarán hasta que finalice la concesión.
¿Y si hay revisión?
La actual concesionaria de la AP-66 prevé generar ingresos millonarios por peajes, sin bonificaciones
Esa es la misma lucha de los gobiernos autonómicos de Asturias y de Castilla y León. Los presidentes autonómicos y los consejeros del área han expresado su deseo de que el Gobierno realice un ejercicio de equidad para eliminar el agravio que los territorios del norte tienen en este momento respecto a otros, como Cataluña, donde se han suprimido peajes en autopistas que culminaban su concesión el 1 de septiembre. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba recientemente la elaboración de un estudio sobre los hábitos de los usuarios de la AP-66 para establecer el modelo de ayudas.