Rebajas en las cotizaciones

El registro del Inem, una estadística que reproduce imperfectamente la realidad, sigue reflejando una tendencia creciente del número de parados. Mientras que el registro de la Seguridad Social, que refleja exactamente una parte de la realidad, muestra un crecimiento positivo en el número de afiliaciones. Si dejamos que sean los políticos quienes interpreten estos datos divergentes no obtendremos más que visiones parciales interesadas de la evolución del paro y empleo en nuestro país. Cada vez más el Inem es un distribuidor del trabajo temporal, mientras que el registro de la Seguridad Social refleja la afloración de un empleo que ya existía de forma sumergida. Seguramente que esta situación algo debe al incremento de la inspección laboral (por ejemplo para hacer crecer la afiliación un 11,88% en la construcción), otro poco ha de apuntarse al efecto de la legalización de la inmigración sin papeles (por ejemplo para hacer crecer la afiliación un 11,17% en la agricultura) y el resto se debe a la política de incentivos económicos, bonificaciones a la contratación indefinida. Y ello está siendo posible, en un país donde todo el asunto laboral está supercentralizado, a la existencia de un pacto social no escrito que mantiene los incrementos de salarios bajo control y que, con dinero, abarata la contratación. En Europa funcionan tres modelos distintos de políticas activas de empleo. Uno de ellos cree que el paro se reduciría si se hacen disminuir el salario mínimo garantizado y los costes de despido. Otro modelo afirma que bastaría con desanimar a los receptores del subsidio por desempleo para que el aumento de la oferta de mano de obra hiciera disminuir lo suficiente la tensión al alza en los salarios como para que aumentase la «tasa de empleo no inflacionaria». El tercer modelo consiste en reducir las cargas sociales de los trabajos con menor cualificación y aumentar las inversiones en formación. El Gobierno ha abandonado la intención de utilizar los dos primeros modelos e intenta obtener eficacia al tercero. Subvencionar selectivamente las cotizaciones sociales de las contrataciones de los colectivos marginados (mayores de 50 años, jóvenes sin experiencia, mujeres con cargas familiares) es política redistributiva. Pero no es la mejor de las opciones. Más eficaz sería reducir las cargas sociales a la contratación del empleo indefinido y de calidad, una vieja propuesta de la CEOE que, en estos momentos de desaceleración económica, debería poder ser puesta en práctica.