Suárez exige una ley de derechos de las agredidas EXCARCELACIÓN POLÉMICA
Las víctimas califican la decisión judicial de lamentable e indignante
«No nos han comunicado nada, ni a nosotras ni a las víctimas», afirmó ayer Herminia Suárez, abogada leonesa que ejercitó la acción popular en el caso del «violador del chá
La ley debería contemplar -añadió Suárez- que se de oportunidad a las víctimas de participar y ser oídas en el proceso y que no sólo sean llamadas como testigos en el juicio. «Sólo participan como testigos, tampoco participan en la ejecución de la condena», añadió la letrada. La representante de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavas) exigió que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones cuando los individuos condenados no cumplan el resarcimiento económico que estipulan las sentencias, como es el caso de Andrés Mayo Fernández, conocido como el violador del chándal. «De la recuperación y de la inserción de las víctimas no se ocupa nadie», lamentó la letrada. De hecho, Herminia Suárez dejó claro que durante los doce años que ha permanecido en prisión, Andrés Mayo no ha pagado ni una sola peseta de los más de los 48.000 euros, ocho millones de pesetas, a los que fue condenado a pesar de que trabajaba en los talleres de la prisión para la empresa privada que tiene la contrata de la prisión de Mansilla. Suárez criticó la decisión judicial gracias a la cual Mayo ha obtenido la libertad condicional y que tildó de «lamentable e indignante» para las víctimas de agresiones sexuales.