Los leoneses presentaron 334 quejas al Defensor del Pueblo, un 34% más

Sanidad, acceso a la vivienda y economía marcaron las quejas presentadas el año pasado al Defensor del Pueblo, una institución con sede en Madrid que escucha y atiende los problemas que plantean los ciudadanos y las carencias en la actuación de los poderes públicos. Los leoneses remitieron 334 quejas a este organismo, un 34% más que en 2020, según el informe dado a conocer ayer por su responsable Ángel Gabilondo en el Senado.

El Defensor del Pueblo tramitó en conjunto 29.401 expedientes del país, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo; formuló 2.231 resoluciones a las administraciones; y siguió los casos de 33.708 personas, la mayoría telefónicamente.

León fue la provincia de la Comunidad que recurrió más ante el Defensor, seguida por Valladolid (256), Salamanca (193) y Burgos (177). Desde la autonomía se remitieron 1.376 quejas, 178 más que el año anterior y se solicitó interponer siete recursos ante el Constitucional, dos de ellos en casos de León. Setenta personas tramitaron ante Castilla y León su queja a nivel individual y 29 se resolvieron ya, con once subsanaciones y nueve ratificaciones de que la actuación fue correcta.

La institución no solo busca soluciones individuales, sino que intenta extraer consecuencias de carácter general que puedan beneficiar a toda la ciudadanía. Gabilondo expresó que el trabajo que realizan «es muchas veces solo un paso, que deseamos clave, en una tarea más amplia, pues el Defensor no está llamada a zanjar directamente los problemas que se le plantean, pero aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento». El informe revela que 2021 estuvo marcado por las secuelas del impacto del covid, que se tradujeron en 2.245 quejas cuestionando determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública, como la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de espera, la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, el certificado covid o el elevado precio de las PCR.

Además, la crisis pandémica supuso una verdadera emergencia social para muchas personas. Gabilondo valoró que el Ingreso Mínimo Vital «está llamado a ser un importante elemento redistributivo y de cohesión social» y recalcó que la institución formuló varias resoluciones para mejorar su aplicación. Las familias también plantearon dudas por los protocolos covid, los sistemas de ventilación, el absentismo escolar de menores vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos. El Defensor ve necesario ampliar la oferta educativa pública en el primer ciclo de educación infantil para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar.

El documento también constata un aumento de las quejas de víctimas de violencia de género relacionadas con procesos de guarda, custodia y regímenes de visita. Ahí, el Defensor abogó por «mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración social».

La dificultad de acceso a la vivienda suscitó un importante número de quejas, dado que el parque público de viviendas sociales «es exiguo y no da respuesta a todas las demandan que reúnen los requisitos», indicó.Por eso reclama procedimientos de adjudicación de viviendas más ágiles y transparentes. En materia económica, los expedientes evidencian la insuficiencia de los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras y en el servicio eléctrico se denunció lo relacionados con problemas de suministro, facturación y arbitrariedad.