Insinúan que los inspectores reciben incentivos por rechazar incapacidades laborales

La Asociación Nacional de Víctimas de Decisiones Arbitrarias de la Administración Pública, presidida por el leonés José Mariano de Priego, sostiene que los inspectores de la Seguridad Social responsables de dictaminar la procedencia o no de las incapacidades laborales son incentivados para dictar resoluciones negativas, en beneficio de las arcas del Estado.

A su juicio, esta hipótesis se refuerza con una resolución reciente del Juzgado de lo Social número 1 de León, que lamenta que su utilice un texto «de corta y pega» para responder a un recurso de un trabajador afectado por una determinada patología, al que se le responde con argumentos relacionados con otra enfermedad ajena a la suya, circunstancia que critica el juez.

El caso más extremo responde a un paciente al que se dio el alta de oficio ante las evidencias de su mejoría en el estado de salud, que le permitía volver a trabajar. El destinatario de la resolución había fallecido tres semanas antes. Pese a que el caso se añade en el catálogo de supuestas irregularidades denunciadas por la asociación desde León, corresponde a una persona residente en Miranda de Ebro, según ha podido constatar este periódico.

Un varapalo

El Juzgado de lo Social 1 de León dictó una sentencia en la que de manera firme se estimó totalmente la pretensión del demandante de impugnación del alta indebida de oficio por el INSS, «que supone todo un varapalo para las actuaciones de los funcionarios del INSS», según De Priego.

«Encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de profesión habitual la de asesor contable, esta circunstancia es omitida a pesar de que obligatoriamente el Equipo de Valoración de Incapacidades (Evi) debe referirse expresamente y obligatoriamente a la actividad de los evaluados, con arreglo a la normativa específica sobre los mismos», señala la sentencia.

Criminalizar derechos

«Su pretensión es reducir gastos a costa de criminalizar un derecho fundamental de las personas trabajadoras como es su salud y por tanto su vida misma», dice el magistrado. «Partiendo de una situación de presunción de culpabilidad y poniendo sobre las personas trabajadoras la sospecha de fraude mientras juegan con la salud de quienes pasan por procesos de enfermedad», denuncia la asociación.

Social 1 de León sí resulta crítico en una sentencia con la forma de proceder de la Seguridad Social. «En el informe Evi ciertamente no se detalla ciertamente quienes componían el Equipo de Valoración de Incapacidades, simplemente obra los datos del presidente y el secretario. No consta los datos de los vocales, nunca constan», resume explícito el magistrado.

Incongruencias

En cuanto a las manifestaciones que contiene la demanda sobre una supuesta concurrencia de causa de abstención o recusación de una médico evaluadora son poco claras, pues no se indica los datos de la persona que considera debió abstenerse y los nombres que indica no coinciden con los que obran en el informe de síntesis como de la médico que lo emite. Además, en el expediente no consta ningún escrito de recusación, ni se dice nada al respecto en el escrito de reclamación previa

Se juega a veces con las fechas para tumbar expedientes. «También se alega extemporaneidad, el expediente consta iniciado de oficio en fecha 20 de febrero de 2020, el informe de síntesis se hizo en fecha 3 de julio de 2020, y la resolución se dictó en fecha 28-07-2020, por lo que estaba dentro del plazo reglamentario, y además ha de tenerse en cuenta las circunstancias de pandemia y suspensión de plazos que había habido en esos meses».

Este periódico ofreció al Instituto Nacional de la Seguridad la posibilidad de ofrecer su versión en torno a esta cuestión. Fuentes del organismo explicaron que nunca se responde a este tipo de informaciones y declinaron la propuesta de replicar a las acusaciones.