La pieza leonesa de la Operación Púnica llega a juicio el día 9 tras ocho años de letargo judicial

La Audiencia Nacional juzgará la pieza leonesa de la  Operación Púnica  a partir de la semana que viene en nueve sesiones que se fijan para los días 9, 10, 14, 15, 16, 17, 28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, de acuerdo a una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal. 

Las sesiones se iniciarán a las 10.00 de la mañana todos los días. La vista llega ocho años después de las detenciones por el caso, que se practicaron en León en octubre de 2014, cuando se destapó el caso.

La acusación se dirige contra Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León que sucedió a Isabel Carrasco, Jesús López, interventor, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, el conseguidor Alejandro de Pedro y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, por su presunta participación en la trama de la pieza leonesa de la Operación Púnica, que se destapó en octubre del año 2014, cuando se conoció la existencia de una supuesta trama de mejora de imagen de cargos políticos a cambio de la cual se adjudicaban determinados contratos de forma no completamente legal.

El Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Martínez Barazón, y siete años para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez. Alejandro de Pedro se quedaría con una pena de cinco años y medio en la propuesta del Ministerio Público en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, por los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que Alonso Conesa hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo, de acuerdo al último escrito de calificaciones provisionales.

Las defensas exigen la absolución por falta de pruebas. La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) encarna la acusación particular. Por el momento, los escritos no son definitivos, a la espera de posibles recursos.

En su auto de transformación el juez Eloy Velasco explicó que las empresas de Alejandro De Pedro llevaban varios años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos, a cambio de beneficios personales. 

Por ello, cuantifica en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron estas sociedades de forma irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la Diputación, «alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas».