Operación Púnica: Ovidio Altable vio "al primer minuto" que los pliegos de San Isidro tenían puntos ilegales

La Audiencia Nacional ha retomado las sesiones correspondientes a la vista oral por la pieza separada número 2 de la Operación Púnica, que juzga la parte leonesa de la trama. Todo apunta a que las jornadas de hoy y mañana, que se complementan con las del lunes y el martes, no bastarán para escuchar al resto de testigos, a los seis imputados y los pertinentes informes de las  partes.

El turno matinal lo ha abierto Manel Sallés, asesor de Alejandro de Pedro y director de la agencia Evolución Viajes, que después de estar imputado, ha sido apartado de la causa. "Al principio lo que me pedía era desarrollar las pistas de San Isidro". Hubo una segunda reunión en Gran Vía "con Marcos, Pedro Vicente, Alejandro de Pedro y Conesa. Daba la sensación de que todo estaba muy atado, pero solo de forma verbal. Yo creo que no se había firmado ningún contrato, pero tal como hablaban, estaba todo muy atado". Pero surgió un problema:  "Cuando supe que uno de los socios de la empresa iba a ser el presidente de la Diputación, aunque de forma encubierta, decidí salirme. Les dije que aquello era ilegal. Por nada del mundo metáis a un político en un tema de estos", les advertí. No obstante, a preguntas de la letrada de Martínez Barazón reconoció que no se llegó a ejecutar ninguna actuación concreta firme: "De hecho, cuando me fui salí con la idea de que no había nada claro de lo que iban a hacer. Escuché a Alejandro de Pedro decir lo de que Marcos iba a formar parte de la sociedad lucrativa, pero a él personalmente nunca se lo escuché. Hasta pensaban usar la mascota del Rey León para el logotipo", dijo.

El testigo volvió a insistir en la ausencia del interventor, Jesús López, en todas estas negociaciones: "La primera vez que lo vi fue ya en sede judicial. No tuve conocimiento de su existencia ni nadie me hizo referencia a él en ningún momento de las conversaciones". Lo ratificó ante el letrado defensor del investigado: "Super que era él porque me lo preguntó el juez Eloy Velaco".

El juicio que se inició el 9 de noviembre, terminará en enero con una consecuencia inicial: los retrasos en la instrucción de la causa, que se ha prolongado por un periodo de ocho años y los constantes parones en la celebración de la vista, que alteran la lógica cronología procesal, van a procurar a los abogados de las defensas un buen argumento para que en caso de condena hipotética, se rebajen sustancialmente las penas por dilaciones indebidas, esto es, retrasos injustificados en el procedimiento.

Se trata de conocer si se puede demostrar que Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación Provincial, Pedro V. Sánchez, diputado de confianza y alcalde de Puebla de Lillo, Jesús López, interventor entonces de la Diputación, Alejandro de Pedro, conseguidor de favores reputacionales para la mejora de la imagen de Barazón en Internet, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y asesor político que fijaba los pasos para conseguir que el presidente de la Diputación de León lo fuera también del Partido Popular en León y Guadalupe Caballero, empleada de las empresas de Alejandro de Pedro, habían configurado una trama para perpetuar en el cargo a Marcos mejorando su imagen en la Red, a cambio de que se les adjudicara la explotación de al menos dos cafeterías en la Estación de San Isidro y de los trabajos de mejora y remodelación de las infraestructuras en la montaña leonesa para su fusión con fuentes de Invierno.

Se exponen a penas que van desde los ocho años de cárcel de Barazón (malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público y otros), hasta los tres años de Carrascosa, pasando por los siete de Pedro Vicente y el interventor o los 5,5 de Conesa y De Pedro.

El segundo testigo, Adrián de Pedro, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha cedido el turno a Ovidio Altable, Tras presentarse, se ha establecido un receso para el descanso. Comparece como Jefe del Servicio de Turismo de la Diputación. Fue la persona que aportó al juzgado la documentación del Servicio de Turismo. "No recuerdo el nombre de estas empresas, lo que sí recuerdo es que el presidente me puso un correo electrónico en el que me pedía que le remitiera los pliegos de contratación de San Isidro", explicó. "Se los envié y le advertí que ya estaban en contratación".

A raíz de la recepción de los pliegos modificados "yo ya vi que había cosas ilegales desde el primer minuto" y nos pusimos a trabajar con Olga Álvarez, la directora de la estación, para ver qué era legal y qué no. Yo ordené una providencia a mi diputado para que se registraran estos cambios". La adjudicación preferente "no tenía legal, había que eliminarla" y los concursos de méritos "no podían venir modificados en rojo".

"¿Que si yo estaba influido? Me sentí influido cuando me pidieron que cambiara cosas", señaló. "Otras cosas estaban bien pensadas y las hemos incorporado a otros concursos posteriores", señaló. La letrada defensora ha preguntado si llevar a cabo la unión de Fuentes de Invierno y San Isidro exigiría más de cinco meses: "Lo que exige es un acuerdo político. De hecho, a día de hoy no ha sido posible". También reconoció que las modificaciones sugeridas "se rectificaron, no se impusieron".  Una afirmación sorprendente: "Ha habido más presidentes que han intentado crear una empresa para la externalización de la gestión de la estación de esquí".

Olga Álvarez es la directora de la estación de esquí de San Isidro. Ha sido la siguiente en deponer: "Me llamaron en mis vacaciones para pedir un vehículo con ocasión de una visita. Lo solicitó el Jefe de Servicio. No sabía nada de ningún proyecto de desestacionalización de San Isidro. Tampoco sabía que habían venido consultores de Madrid. Si hubiera sido algo firme me habrían consultado, pero solamente había habladurías. Es un tema político a largo plazo, nadie me dijo nada".