Diario de León

Un testigo de la Púnica cree que en los pliegos de San Isidro había ilegalidades

Ovidio Altable, jefe del Servicio de Turismo de la Diputación, dice que se sintió «influido»

Pedro Vicente Sánchez, ayer cuando accedía a la Audiencia Nacional. BENITO ORDÓÑEZ

Pedro Vicente Sánchez, ayer cuando accedía a la Audiencia Nacional. BENITO ORDÓÑEZ

Miguel Ángel Zamora
León

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El jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, Ovidio Altable, aseguró ayer que «desde el primer minuto» se dio cuenta de que los pliegos de condiciones para la adjudicación de las cafeterías de la estación invernal de San Isidro que le presentaron sus superiores en la Diputación «tenían puntos manifiestamente ilegales». Relató que determinadas cláusulas encaminadas a favorecer algunas ofertas «estaban fuera de la ley» y remarcó al presidente, Marcos Martínez Barazón, que el documento estaba ya en el Servicio de Contratación «por lo que no entendí que se me pidiera a mí modificarlo con unas anotaciones en rojo».

El testimonio de Altable fue uno de los más significativos de la jornada de reanudación del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra seis personas, acusadas de formar una trama para mejorar la reputación en Internet de Marcos Martínez Barazón, entonces presidente de la Diputación (otoño de 2014) para favorecer su candidatura a la presidencia del PP de León vacante por el asesinato de Isabel Carrasco.

A cambio el candidato pretendía adjudicar servicios de San Isidro de forma presuntamente fraudulenta a empresas vinculadas al conseguidor Alejandro de Pedro, para que mediara ante personas que validaran sus aspiraciones. Para Barazón se piden ocho años de cárcel por malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y cohecho. Siete propone la Fiscalía Anticorrupción para del diputado de confianza de Marcos Martínez, Pedro Vicente Sánchez y para el interventor del Palacio de los Guzmanes. Cinco años y medio proponen para De Pedro y su asesor, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa y tres y medio para Guadalupe Carrascosa, empleada de una de las empresas de De Pedro.

ADJUDICACIÓN PREFERENTE

Altable remarcó en su testimonio que había una propuesta de adjudicación preferente que no se sujetaba a la legalidad. «Había que eliminarla y también era sorprendente que se hicieran modificaciones con un bolígrafo rojo en los concursos de méritos. Yo no estaba de acuerdo con aquello».

Por eso dejó claro en sala que se había sentido «influido», aunque evitó pronunciar nombres. «De las cosas que se hicieron en aquellos pliegos, había algunas que estaban bien y de hecho las hemos añadido a otros concursos que hacemos ahora. Pero hubo cosas con las que no estaba de acuerdo». A preguntas de Natalia Escanciano, la letrada de Barazón, reconoció no obstante que no se le impuso nada como tal «pero sí se rectificaron algunos puntos».

A la directora de la estación invernal, Olga Álvarez, el asunto le pilló de vacaciones: «No sé nada de ninguna empresa ni tampoco de proyectos en firme. Habladurías ha habido toda la vida sobre la unión de las dos estaciones, pero eso es una decisión política.

Estaba citado también Adrián de Pedro, hermano del conseguidor. Tiene pendientes otras causas y se acogió al derecho a no declarar.

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