El interventor de la Púnica «debió poner más reparo»

Rafael Benito, actual interventor de la Diputación Provincial,

considera que su sucesor en el cargo, Jesús López, «debería haber formulado reparo a tanto fraccionamiento de facturas. Se debería haber recurrido a un expediente de contratación. Intervención puede tener un problema puntual en una o varias facturas, pero no tantas porque el compromiso de gasto no se adecúa al ordenamiento jurídico».

Benito fue uno de los principales testigos en la jornada de ayer del juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica. Aseguró que fue cesado por oponerse a los criterios del gabinete de Presidencia que dirigía Isabel Carrasco a la hora de gestionar la publicidad que daba amparo a los servicios de reputación.

Juan Carlos Zataraín (abogado de, Jesús López, el interventor que sucedió a Benito en el cargo) preguntó por la existencia de más de 1.000 facturas con propuestas de gasto inferiores a 6.000 euros entre los años 2012 y 2014: «No es cierto que sean de fiscalización limitada. De hecho, no la tienen», aseguró.

Intervino también en el juicio Diego Armesto, actual interventor adjunto. «No es que hubiera una incidencia en San Isidro, es que la fiscalización era mía porque él (en referencia a Jesús López) había tenido algún problema», declaró. Las facturas «se correspondían con servicios prestados, no había instrucciones de cosas generales».

No hay «un procedimiento que detecte de forma automática el pago de gastos no justificados», declaró. «Esa labor la debe de hacer todo el equipo», señaló a preguntas de las fiscales anticorrupción, Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez.

«No era un gasto que se realizara solamente con la prensa, era un modelo que aplicábamos cuando había un gasto sobrevenido o imprevisto, pero no puede darse durante 29 meses seguidos, eso ya es otra cosa», aseguró.

El juicio continuará el próximo lunes, día 19 y se prolongará al martes 20 de diciembre. Las fechas sucesivas están por determinar. Es probable que correspondan ya al mes de enero.