Educación y renovables desbancan al covid en las quejas ante el Común

El Procurador del Común recibió 1.807 quejas, de las que 16 han sido consideradas múltiples, durante 2022, un año de «normalidad» en el que las reclamaciones ciudadanas vinculadas directamente con la pandemia del Covid-19 han desaparecido y han emergido las relacionadas, por ejemplo, con la ubicación de parques eólicos y fotovoltaicos en el medio rural, junto a las derivadas de la conservación de los centros escolares y las habituales en otras materias. El procurador del Común, Tomás Quintana, entregó ayer al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el informe anual relativo a la actividad de la institución durante el pasado año, impulsó 63 actuaciones de oficio, tramitó 8.247 expedientes y dictó 1.533 resoluciones, de las que se aceptaron el 88,92%, un porcentaje superior a de los dos ejercicios anteriores.

En una comparecencia posterior, Quintana señaló que este informe, que ha sido facilitado a los procuradores y se ha publicado ya en el portal web, es un «compendio» del trabajo realizado, pero supone a su juicio también una «radiografía» de las preocupaciones mostradas por los ciudadanos. Está previsto, dijo, que se debata en un pleno monográfico en el mes de mayo o junio, en función del «calendario» del parlamento autonómico.

Quintana, evitó pronunciarse sobre su continuidad en el cargo, una vez que su mandato terminó en octubre de 2022 y se encuentra en funciones a la espera de que los grupos parlamentarios de las Cortes alcancen un acuerdo para renovar la institución. «En ese asunto libertad absoluta», dijo. Tampoco quiso exponer si estaba dispuesto a continuar como Procurador del Común ya que aseguró que «primero» se tenían que «pronunciar» las Cortes

En 2022, se tramitaron 8.247 expedientes, que se derivan de 1.807 quejas y 63 actuaciones de oficio. Todos ellos y otros pendientes del ejercicio anterior, dieron lugar a 1.533 resoluciones, 298 más que el año anterior. De ellas, 170 supusieron el archivo del expediente correspondiente al no encontrar irregularidad alguna en la actuación de la administración y 1.363 terminaron con recomendaciones o sugerencias. En ningún caso tuvo que acudir a la Fiscalía, porque pese a no recibir respuesta a su petición de información, puso emitir un dictamen.

Quintana expresó su satisfacción porque el grado de aceptación haya aumentado desde el 86% de 2021 a casi el 89% en 2022, no solo porque se haya tenido en cuenta la propuesta hecha a la administración correspondiente, sino también porque eso supone que un problema planteado por los ciudadanos se ha resuelto. En cuanto a la procedencia de las 1.807 quejas, de nuevo León ha sido en la que se han presentado más, con 389.