La Audiencia juzga hoy si hubo delito en el caso de los anestesistas de Otazu
Cuatro personas se sientan en el banquillo acusadas de presunta falsedad documental
Fachada de la desaparecida clínica privada López-Otazu. NORBERTO
La Audiencia Provincial de León inicia hoy dos días de juicio para deliberar si hubo delito de falsificación documental en los quirófanos de la desaparecida clínica privada López- Otazu. El anestesista José Manuel Caunedo denunció hace más de diez años que se había estado utilizando su nombre sin su consentimiento en cientos de operaciones quirúrgicas sin que él estuviera presente en las intervenciones.
Tras una década de instrucción, con archivos y recursos en los tribunales ordinarios, el caso se juzga hoy y mañana en la Audiencia Provincial de León por un presunto delito de falsificación de documentos oficiales cometidos en los quirófanos de la clínica.
El caso, destapado por este periódico en 2013, sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial al cirujano y director gerente de la desaparecida clínica López-Otazu, al ex jefe del servicio de Anestesia del Hospital de León, y a dos auxiliares de enfermería de la clínica.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se señala que en los quirófanos de la clínica López-Otazu se utilizaba el nombre de José Manuel Caunedo. como profesional que sólo trabajaba en la sanidad privada, al no poder figurar el ex jefe del servicio de Hospital de León como consecuencia de la incapacidad absoluta al tratarse de intervenciones que se efectuaban con pacientes derivados del sistema público de salud «actuaciones que se efectuaron con la colaboración de las auxiliares de enfermería, quienes con conocimiento y consentimiento, alteraban documentación médica cambiando el nombre del anestesista, documentación entre las que se encontraban las hojas circulantes del quirófano y que daban lugar a las comunicaciones efectuadas a Sacyl por parte de la clínica López-Otazu».
En la causa también se persona Sacyl, que se adhiere a las tesis planteadas por el fiscal, que pide tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota de diaria de diez euros. Además, pide una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales causados al denunciante, José Manuel Caunedo, que tuvo que marcharse de León tras denunciar el caso. Durante la instrucción, el juez descartó un delito de malversación de fondos.
Los abogados defensores niegan los hechos y atribuyen a errores sin mala fe las presuntas irregularidades.
López-Otazu, actualmente una residencia de mayores, era una clínica privada a la que Sacyl transfería pacientes de la sanidad pública en virtud a un convenio quirúrgico.