Empieza la obra del Instituto de Patología Compleja de Columna

Las obras de la nueva sede del Instituto de Patología Compleja de Columna avanzan para convertir a León en un centro de referencia nacional. La construcción del instituto, que estará dirigido por el neurocirujano José Manuel Valle Folgueral, rehabilita y recupera para la ciudad de León el palacete neomudejar de la calle Alcázar de Toledo, un edificio BIC con categoría de monumento.

Las obras ya han comenzado y avanzan a buen ritmo para que el nuevo edificio esté terminado en el año 2025. Valle Folgueral, premio nacional de Medicina en Neurocirugía y reconocido a nivel internacional con el European Awards en la categoría de Neurocirugía, incorporará tratamientos de última generación y equipos multidisciplinares de profesionales cualificados para abordar de una manera integral los problemas de columna.

El instituto estará equipado con un centro de imagen y una unidad de rehabilitación integral para la recuperación de los pacientes, una unidad de dolor, consultas médicas de especialistas de la columna vertebral, neurocirugía, traumatología, nutrición, reumatología, neurología, podología y psicólogos clínicos.

El edificio contará también con un hotel para pacientes donde podrán alojarse todas las personas que acuden a recibir tratamiento desde distintos puntos de España y de otros países.

Además, incorporará una escuela de espalda para educar a la población en hábitos saludables para cuidar la columna vertebral, con un centro de yoga y pilates.

El rifirrafe mediático entre el líder de la oposición en Villaquilambre, el socialista Jorge Pérez, y el alcalde Manuel García, al que acusó en 2020 de permitir unas obras en Villaobispo sin supuesta licencia y en una finca que fue en parte de su propiedad, no ha logrado recorrido en los tribunales. El juzgado de Primera Instancia número 6 de León acaba de desestimar la demanda del regidor contra Pérez por vulnerar su honor con aquellas declaraciones, que recogió la prensa a partir del 7 de septiembre de hace tres años.

La jueza entiende que «entre los derechos afectados reviste un especial peso específico la libertad de expresión» y se inclina por reconocer «su prevalencia frente al derecho al honor», porque la conducta enjuiciada que supone «expresar públicamente o comunicar una opinión, un juicio crítico sobre un asunto de indudable interés público como son los relativos al urbanismo, resulta amparada» por el derecho fundamental de la libertad de expresión.

García recurrió al juzgado al considerar que las afirmaciones de Jorge Pérez sobre que «había iniciado una obra sin licencia» de un bloque de viviendas y que estaba «implicado y su círculo familiar», contituían «un atentado» a su fama y honor, «con claro conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad, con intención de lesionar» su dignidad. Insistió en que la finca ya no era de su propiedad, sino que se vendió, pero la sentencia valora que, si como ha ocurrido, «un partido de la oposición sospecha que una determinada actuación urbanística beneficiaba intereses privados, el reproche o crítica que pretendía hacer pública no es menor por el hecho de que la finca no fuera propiedad del demandante y de su familia, sino de la empresa a la que se la acababan de vender, pues en ambos casos estaría en cuestión si intereses privados pudieran estar detrás de la cuestionada omisión de actuaciones de policía urbanística».

Contra la resolución fechada ayer cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León.