Los jueces y fiscales ven «inaceptable» la propuesta de 46 M€ para evitar la huelga
Los funcionarios de la administración de Justicia convocan su paro indefinido a partir del día 22
Una de las protestas de los funcionarios de la administración de Justicia de León. M.A.Z.
La mayoría de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales, en diálogo con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública para aumentar sus retribuciones, consideran «insuficiente» la propuesta del Gobierno, de unos 46 millones de euros para evitar su huelga indefinida.
Para Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, la última oferta es «algo menos inaceptable» que la primera que recibieron, de 44 millones, pero «sigue siendo inaceptable» y «poco asumible». Las asociaciones que se oponen a la huelga indefinida a partir del día 16 abogan por aceptar la oferta de aumento en sus retribuciones, que oscilan, de media, entre los 52.000 euros brutos al año al inicio de la carrera y los 131.000 al final de la misma, en los puestos más altos.
Defienden que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20% de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6% en tres años. Pese a sus discrepancias, Carbonero ha defendido que todas las asociaciones coinciden en el «diagnóstico de la situación» y en la «conveniencia de llegar a un acuerdo favorable para todos que favorezca un desenlace no traumático».
En paralelo, los funcionarios de la administración de Justicia han convocado su paro indefinido a partir del próximo 22 de mayo si el Gobierno «no pone encima de la mesa una propuesta económica» como la hecha a jueces y fiscales y la pactada con los letrados de la administración de Justicia, que estuvieron en huelga dos meses y consiguieron una subida de hasta 450 euros brutos al mes. Los funcionarios de Justicia volvieron a concentrarse hoy para exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales al Gobierno, así como la paralización de la tramitación de la ley orgánica de eficiencia organizativa para negociar cambios en el texto legislativo. La protesta supone la continuación del calendario de movilizaciones emprendidas por este colectivo.