El plan urbanístico en La Granja de la Diputación caduca sin resolverse

La herencia de la abuela se pierde ahora en el fondo de los cajones del Palacio de los Guzmanes. Sin movimiento alguno en los últimos ocho años, la Diputación se encuentra de pronto con que la prórroga que solicitó en 2015 para el desarrollo urbanístico de la urbanización de La Granja, a la que se fiaban unos ingresos de 20 millones de euros por la venta de los terrenos, ha caducado. No hay más plazo ya, de acuerdo a la ley del suelo, que apunta la posibilidad de que los terrenos pudieran ser expropiados, si el Ayuntamiento de León quisiera afrontar la factura, o que se cambie su calificación a rústica, aunque el destino más probable los condena a un limbo en el que, en caso de querer rescatarlos, tendría que volver a darse dos pasos atrás la tramitación con el consiguiente gasto de tiempo.

El sector, ubicado ahora junto al pujante suelo urbano que se ha desarrollado alrededor del parque comercial Reino de León, abanderado por Decathlon, se puso en el escaparate ya en 2006 . En esos años, con el mercado inmobiliario todavía antes de caer en la crisis, la  Diputación de León emprendió la tramitación administrativa para asentar la urbanización que le había propiciado el reciente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Las 22,7 hectáreas, de las que la administración provincial tenía el 62,7%, dentro de aquella antigua granja agropecuaria, a los que se suman otros 108 pequeños propietarios, se convirtieron de pronto en un suelo con proyección de venta. Gracias a su buena comunicación rápida con la ronda Este y, sobre todo, con el cómputo del parque ya construido como zona verde, que evitaba tener que hacer nuevas reservas para estos usos, el suelo cuenta con la posibilidad de rentabilizar casi toda su extensión para edificar 1.026 viviendas, repartidas en nueve manzanas, con un bloque de hasta 10 alturas, y una reserva de protección de previo público obligatoria que por entonces se limitaba al 10% del total.

Aunque sin el atractivo de una gran parcela para un centro comercial, como la del vecino sector de Decathlon , donde Bogaris pagó por la finca más de 10 millones de euros con los que cubrir los cerca de 14,1 millones del coste de la urbanización total, el sector reserva suelo para obtener más ingresos que los de la construcción de viviendas. El plano aprobado contempla usos terciarios, previstos para la construcción de un supermercado o un hotel, por ejemplo, y varias zonas de equipamientos, algunos de ellos ya ejecutados, como el parque científico, dependiente de la Diputación, en el que está el Inbiotec.

Toda la organización viene contemplada en el estudio detalle que la Diputación logró aprobar después de un largo camino administrativo. El instrumento de planeamiento se ratificó el 20 de abril de 2009, después de tres años desde su registro en los que el Ayuntamiento, entonces dirigido por el socialista Francisco Fernández, enredó el avance con el argumento de que la institución provincial debía asumir más cargas en la urbanización.

Por silencio administrativo, el documento salió adelante y, con Isabel Carrasco como presidenta de la Diputación, se constituyó la junta de compensación. El órgano, comandado por la institución provincial como propietaria del 62,7% de los terrenos, entre los que se incluyen el parque, logró la adhesión del 97% de los 108 propietarios, repartidos en 47 parcelas, y puso en marcha los mecanismos para urbanizar los terrenos.

El plan enmarcó el expediente de expropiación de bienes de los propietarios no adheridos y el proyecto de urbanización. Aunque el avance quedó trabado de nuevo después del asesinato de Carrasco. No se movió más. Ni con Juan Martínez Majo, ni con Eduardo Morán. La última referencia hay que buscarla en la reunión de la junta de compensación del 17 de junio de 2015. En esa cita, bajo la presidencia de Emilio Orejas, se da cuenta de que el Ayuntamiento de León accede a «la prórroga solicitada en el plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos».

La moratoria, «a tenor de lo establecido en los artículos 21 de la Ley de Urbanismo y 50 de su Reglamento, tendrá una duración de ocho años, contados a partir del día 10 de noviembre de 2017, finalizando, pues, su vigencia el día 10 de noviembre de 2025, fecha en la cual deberá haberse dado cumplimiento a los deberes urbanísticos». Aunque el documento apostilla que, dentro de este marco temporal, la junta de compensación liderada por la Diputación debía haber ejecutado sus obligaciones de urbanización, con la ejecución de la obra de las calles, en seis años: una fecha que acaba de expirar hace apenas un mes, sin que la herencia tenga visos de poder rentabilizarse.