Las 54 denuncias por okupaciones preocupan al PP
Silván recalca los preocupantes datos de los últimos 18 meses en España y en León
Editorial: Soluciones frente a okupación
García Vega, Silvia Franco, Silván y Asunción Mayo.
El Partido Popular ha impulsado en el Senado la Ley de Desalojo Exprés y Tolerancia Cero con la okupación con el objetivo de «atender a las preocupaciones» de los 17.000 propietarios que, anualmente, padecen esta situación en España, «con una media de 46 diarias». La cifra en la provincia de León también es demoledora: 54 denuncias presentadas entre enero de 2022 y agosto de 2023.
«Se trata de la primera Ley Feijoo que ha aprobado esta semana el Senado y que atiende a una de las preocupaciones reales de miles de familias», remarcó el senador Antonio Silván, quien presentó la nueva norma en rueda de prensa acompañado por los senadores leoneses Asunción Mayo y Jorge García Vega y la diputada Silvia Franco, y con la que «se trata de restablecer la España que respeta los derechos y la ley».
«No hay okupación buena o mala, como no hay terrorismo bueno o malo. La ley se cumple o no se cumple. La España de Pedro Sánchez es la de la okupación y la España de Feijoo es la que respeta los derechos y las leyes», apuntó. En este sentido, Silván incidió que «desde que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa, en el año 2018, la okupación ilegal ha crecido un 37% con una media de 46 ocupaciones diarias» en España.
«Cada okupación deja a una persona sin vivienda legal. La okupación no es vivivenda social. Es delincuencia», argumenta el senador popular, quien incide que la Ley de Desalojo Exprés y Tolerancia Cero con la Okupación promovida por el Partido Popular supone una estar cerca de las familias «que pagan la hipoteca y el alquiler».
La principal medida que contempla la Ley AntiOkupación es el desalojo express en 24 horas desde que sea requerida la ocupación ilegal por parte de la autoridad. Junto a ello se prohíbe que los okupas se «empadronen» en la vivienda, a la vez que se incrementan las penas en el Código Penal tanto a los propios okupas como a los promotores e instigadores «incluso a través de tutoriales en internet» de esta práctica ilegal. La nueva normativa también recoge una modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal para proteger a los vecinos antes los actos vandálicos que, en reiteradas ocasiones, se dan por parte de los okupas.
«Las comunidades de propietarios pueden», prosigue, «acudir a las autoridades en contra de los okupas», al tiempo que podrán adoptar medidas como «tapiar puertas y ventanas» con el objetivo de evitar que se produzca la okupación ilegal.
La cuarta medida más significativa es «la devolución del IVA y el impuesto de patrimonio» para las víctimas de la esta acatuación ilegal.
Esta normativa, que ya ha recibido el visto bueno en el Senado, deberá debatirse en el Congreso. «Esperemos que se apruebe», concluyó Silván, «y que Sánchez se ponga del lado de los que pagan la hipoteca y no de los okupas».
«No es un problema menor, ni algo de unos chavales gamberros o antisistema. Es un problema real en el que intervienen verdaderas mafias que han creado una industria del crimen mientras el Gobierno de Sánchez mira para otro lado, cuando no ampara directamente estas conductas», señala, agradeciendo la presencia en la bancada de público de representantes de diferentes plataformas de afectados por la okupación ilegal.