La ley limita a dos años la nueva propina del Ayuntamiento para el contrato del bus

Primero fueron los tres meses de restricciones de la pandemia, que determinaron una prórroga de dos años y tres meses para «el restablecimiento del equilibrio económico». Ahora, se invoca «la planificación conjunta y el establecimiento de medidas de explotación coordinada» entre el Ayuntamiento de León y la Junta. Como consecuencia, el contrato del autobús urbano, cuya concesión comenzó el 1 de enero de 2007 y debía haber acabado en enero de 2022, y después el 31 de marzo próximo, continuará adelante más allá de su vencimiento. Pero no podrá prolongarse más de dos años, como se advierte en el informe técnico, que invoca «las condiciones y limitaciones establecidas en el artículo 5.5 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo» para poner coto a la nueva propina, a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio, que aprobará el gobierno municipal de José Antonio Diez para que continúe con el servicio la empresa Alesa, filial de Alsa.

El acuerdo, que pasará este viernes por la comisión informativa de Hacienda antes de ratificarse en el Pleno, recoge que «el periodo de prórroga en la prestación del servicio será el imprescindible para el desarrollo de los trabajos definidos en los apartados 2º, 3º y 4º de la cláusula cuarta del convenio de colaboración» firmado entre el Ayuntamiento y la Junta. Pero el tiempo para la completar estos trabajos, que se atienen a la coordinación para fijar las líneas de manera coordinada entre el transporte urbano, municipal, y el interurbano, de titularidad autonómica, sin que se pisen los itinerarios como ahora, no podrá ser «superior a los dos años», como se recalca en el informe.

La moratoria hace que el compromiso con Alesa se mantenga en «las mismas condiciones económicas y técnicas del contrato original». No habrá cambios con respecto al que el alcalde José Antonio Diez consideraba en 2019, cuando ejercía como jefe de la oposición, como «el peor contrato de España, porque todo el riesgo corre a cargo del Ayuntamiento de León» y comprometía que se cambiaría por uno que dejara casi gratis el billete a los vecinos. Sin variaciones, el consistorio tendrá que asumir el déficit de la explotación, que ronda los 435.000 euros mensuales: una cifra que sale de restarle a la factura de funcionamiento, cercana a los 7,5 millones, los poco más de 1,8 millones del billetaje y los 520.000 euros de la subvención estatal.

Aunque sujeto a esos dos años como máximo, que harían que la concesión superara los 19 años, el contrato encuentra auxilio ahora en el «convenio de colaboración para la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible del Transporte Metropolitano, y la preparación de los instrumentos jurídicos y técnicos que, en desarrollo de la planificación establecida en ese documento, sirvan de base a la futura prestación del servicio en el ámbito territorial del área funcional de León».

El trabajo cuenta con la subvención de 10,6 millones de euros concedida por la UE para la definición de este nuevo servicio. La cuantía de la ayuda, compartida entre la Junta y el Ayuntamiento, «tiene por objeto la implementación de las inversiones necesarias para la transformación del modelo de movilidad, a través de la digitalización del transporte tanto urbano como metropolitano, así como la implantación de herramientas de gestión del tráfico y la movilidad».

El proyecto, adjudicado ya por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, tendrá en «el cuarto trimestre» de este año iniciada la «ejecución de todas las actuaciones» y a finales de 2025 «su completa finalización», como se explica en el informe. Sobre estos resultados, se elaborarán «los futuros proyectos de explotación que deben determinar las condiciones mínimas exigibles en materia de sistemas tecnológicos y sus modos de compatibilidad para la prestación de los servicios», como avisan los técnicos, que reseñan que además servirán como base para «el pliego de condiciones que, en su caso, regirían los futuros contratos».

El apunte afianza la idea del Ayuntamiento de sacar un nuevo contrato, para lo que el PSOE necesitará los votos del PP, tras negarse UPL a seguir con la privatización. La puerta la abre además la colaboración de la Junta, gestionada por los populares, que mantendrá otro contrato paralelo, como sucede ahora, aunque ambos estén adjudicados a filiales de Alsa. Las dos administraciones, como se avisa en el informe, trabajan en «determinar la forma jurídica de gestión de las competencias, ya sea a través de un consorcio o una entidad local asociativa».