El alcalde de León se libera de la obligación de consultar a los vecinos en qué gastar parte del dinero

En el mejor de los casos, se ejecutaron con uno y dos años de retraso, como los vestuarios de La Granja o los pasos de peatones inteligentes, y, en otros, ni siquiera se completaron, como el equipamiento deportivo de La Lastra. Pero, cuando se tendría que cumplir la cuarta edición de lo que se vendió como una «experiencia de democracia directa» que apenas sumó medio millar de votos cada vez, el equipo de gobierno de José Antonio Diez se libera de la obligación normativa que se había autoimpuesto con los presupuestos participativos. No habrá ya necesidad de consultar a los vecinos qué proyectos plantean, ni abrir una votación para que elijan entre las ideas recabadas.

No se había dejado ya una partida en las cuentas municipales, que en los años precedentes reservaron hasta 600.000 euros. Pero por si alguien lo reclamaba, ahora se eliminará del reglamento específico que el equipo de gobierno de Diez promovió en el pasado mandato como una herramienta para avanzar en la participación de los ciudadanos en la política municipal. El cambio se da ahora que ya no necesita a Nicanor Pastrana: el edil cuyos votos atrajo en el pasado mandato el regidor socialista con la delegación de las funciones de la Concejalía de Participación Ciudadana, a mayores de una dedicación exclusiva de 45.674,02 euros brutos anuales, y que Podemos expulsó por pactar con el PSOE en contra del resultado de la consulta a las bases.

El reglamento que firmó Pastrana se enmendará ahora para «solventar los problemas prácticos tras la aplicación», como justifica el gobierno municipal en el documento de exposición pública necesario para acometer el cambio. «Obviamente, la reforma no es contraria a la consulta vecinal cuyo objeto sean los presupuestos participativos, sino todo lo contrario», se expone de forma un poco incoherente que se remata con la excusa de que «lo que se pretende es que su realización tenga carácter facultativo y no obligatorio para el Ayuntamiento, atendiendo al criterio de oportunidad y a las circunstancias existentes en cada momento».

En contra de la campaña promocional en la que participó desde 2021 el propio alcalde, listo para las fotos junto a Pastrana, ahora se alega que el reglamento «podría menoscabar la facultad de organización y decisión de la entidad local precisamente por la obligatoriedad de la celebración» anual de una consulta obligatoria al año sobre los presupuestos participativos. Apenas dos años después de que entrara en vigor el texto normativo, el mismo gobierno municipal que lo impulsó, pero ya sin el peaje del concejal que se presentó por Podemos, insiste en la modificación para «respetar la autonomía y la capacidad de decisión de la entidad local», además de favorecer «las posibilidades organizativas, materiales y personales de que disponga el Ayuntamiento en cada momento, todo ello relacionado con el principio de racionalidad presupuestaria y estabilidad financiera».

El documento reconoce ahora que «la práctica de este tipo de consulta vecinal conlleva la obligación de reservar parte del presupuesto municipal a tal fin, por lo que, la obligatoriedad de su celebración anual supone una clara presión sobre la entidad local». «En consecuencia, el problema no radica en recoger en el reglamento la consulta vecinal de los presupuestos participativos, sino en la imposición de su celebración todos los años», admiten en el colofón del informe.