Más de 2.000 policías y guardias civiles de León se plantearán la jubilación anticipada

Los cerca de 2.000 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en León, repartidos en alrededor de 1.500 guardias civiles y algo más de 500 policías nacionales, podrían beneficiarse de una medida que se ha planteado para su debate en el Congreso de los Diputados, de acuerdo a la cual, se les habilitaría la jubilación con 59 años sin perder en la pensión ningún poder adquisitivo, en virtud de la determinación de retirarlos con el 100% de sus emolumentos.

Este periódico no ha podido recabar la cifra exacta de agentes de la Benemérita en la provincia, bajo el argumento de que por «por motivos de seguridad» el Instituto Armado no facilita estos datos. El Cuerpo Nacional de Policía tiene 536 efectivos, según los últimos datos aportados.

No obstante, en el caso de la Benemérita, se entiende que el volumen de efectivos sujetos a la posibilidad de acogerse a esta medida es variable. Primero porque en la Guardia Civil, con 56 años ya se ofrece en algunos casos la opción de pasar a segunda actividad, o de elegir un destino diferente y que comporte una dedicación menos exigente o incluso mantenerse en la misma actividad. Son tres vías alternativas que abren el abanico de posibilidades, por lo que determinar cuántos guardias se acogen a esta opción resulta complicado.

La normativa vigente de la Seguridad Social determina que la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplan los demás requisitos generales exigidos.

El Senado aprobó antes de verano una iniciativa del Partido Popular para que los policías nacionales, los guardias civiles y los funcionarios de vigilancia aduanera puedan acceder a la jubilación anticipada a partir de los 59 años sin merma de pensión, como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra. Se trata de evitar el manido agravio comparativo.

Al Congreso

Ahora es el Congreso el que tiene en sus manos la posibilidad de hacer frente a una vieja reivindicación. Ya el pasado mes de junio se aprobó la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios de Villahierro, que con una plantilla cercana a los 500 funcionarios, venían demandando hace muchos años la medida. Ahora, las Fuerzas del Orden Público estatales pretenden la equipación salarial con los efectivos autonómicos.

A nivel nacional, se calcula que en torno a 6.000 agentes quedarían comprendidos entre la horquilla de los 59 a los 65 años que se marcan como preceptivos para la jubilación de los guardias civiles. La propuesta se lanza para que los funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Civil y Aduanas puedan beneficiarse de un coeficiente reductor del 0,2%, similar a aplicar un adelanto de hasta seis años sobre la edad de jubilación ordinaria, por su condición de profesión de riesgo.

Profesión de riesgo

Los profesionales leoneses consultados por este periódico aseguran que la primera premisa pasa por conseguir que a los policías y guardias se les considere trabajadores de una profesión de riesgo. Actualmente todavía no lo son. Así las cosas, el debate en la Cámara Baja se estipula fundamental para determinar el devenir de los servidores públicos de la seguridad.

Por el momento no se plantean movilizaciones a este respecto en tanto en cuanto tampoco hay demasiado margen para manifestaciones y reacciones de calibre similar.

No se ha concretado cuántos años de servicio cotizados exigirían a los policías nacionales, guardias civiles y aduaneros a cambio de la jubilación anticipada –por ejemplo, los policías locales deben acreditar 36 años y seis meses de cotización efectiva para poder jubilarse a los 59 años.