Cuentas incide en la ausencia de una Zona de Bajas Emisiones en León

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de León está incompleto y no cumple con cuatro de los requisitos que exige la ley, según consta en el informe elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre medidas de ahorro energético de los municipios y diputaciones. El informe destaca que, entre las medidas más importantes, está que carece de una Zona de Bajas Emisiones. Todo ello, después de que el Procurador del Común, tras una queja presentada por el PP, indicara en una resolución que la restricción del tráfico en algunas calles del centro, como Gil y Carrasco o San Agustín, se hizo «de manera ilegal», ya que previamente debe aprobar «la ordenanza correspondiente, que proporcione la debida cobertura normativa», según informaron los populares el martes.

Al carecer de una Zona de Bajas Emisiones en forma, León tampoco cumple con los planes específicos de electrificación de última milla con estas zonas, es decir, movilidad eléctrica, como se puntualiza en el informe, que analiza el cumplimiento de la normativa de Cambio Climático y Transición Energética, y, a mayores, tampoco fomenta el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga ni impulsa la movilidad eléctrica compartida.

El informe del Consejo de Cuentas, que ya ha sido entregado a las Cortes y hace referencia a finales del año 2023, se trata de una «fiscalización operativa» en la que también se ha implicado el Tribunal de Cuentas, como señalan desde el órgano que dirige el leonés Mario Amilivia.

El Ayuntamiento de León tampoco publica su Plan Movilidad Urbana Sostenible ni sus Planes de Acción para el Clima y la Energía ni el Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía dentro de su página web para cumplir con la normativa de transparencia y, como remarca el informe, no cuenta con un acceso al Portal de Transparencia desde su web aunque «desde su sede electrónica dispone de un trámite para que personas, debidamente identificadas, puedan obtener información pública que incluye los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato, que obren en su poder y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». Sí consta que León realiza un inventario de seguimiento y emisiones aunque no ha finalizado los informes y tampoco evalúa el cumplimiento de los objetivos definidos.

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, conocido como Edusi, es la principal iniciativa en la que se apoya el Ayuntamiento de León y, aunque no es obligatoria su inclusión, León sí que cuenta con una estrategia para posibles riesgos de acontecimientos climáticos extremos.

Administración provincial

El examen global de la actuación planificadora del Consejo de Cuentas recayó sobre las nueve diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad autónoma, en total, 25 entidades. Por otra parte, sobre las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes que disponen de instrumentos de planificación, se examinó su contenido, procedimientos de elaboración, seguimiento y monitoreo, comprobándose el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética y de transparencia. Sin perjuicio de las medidas adoptadas por la institución provincial leonesa «debería valorar la posibilidad de enmarcar en un plan o agenda sus actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética».

Desde el Consejo de Cuentas precisan que el marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión Europea, que a su vez responde a los requerimientos de los tratados internacionales para dar una respuesta global y coordinada al reto de la crisis climática. Así, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene por objeto facilitar la descarbonización de la economía, su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos promoviendo la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible.

La Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben dar cumplimiento al objeto de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias.