UPL debe afrontar en San Andrés su primera remodelación de Gobierno
La concejala de Hacienda, Personal y Régimen Interior se despide este mes por motivos personales
González, junto a la alcaldesa, en un pleno
UPL dio la sorpresa en San Andrés del Rabanedo los pasado comicios y se convirtió en la formación política ganadora de la mano entonces de una novel candidata, Ana María Fernández Caurel, y un equipo renovado. Y lo hizo en un feudo tradicional del PSOE, que descarriló en las urnas al perder tres concejales de los ocho logrados en 2019. Los leonesistas acapararon el 25,6% de los votos y lograron seis representantes, una hazaña no conocida en el municipio que rompió el tradicional bipartidismo.
Ese equipo se resquebraja ahora, a los 18 meses de gobierno en super minoría, con la marcha de una de las concejalas de mayor peso, la de Hacienda, Personal y Régimen Interior, María Ángeles González Martínez, que renuncia a final de este mes por «motivos personales».
Sustituirla no resulta tarea fácil e implicará una remodelación mayor en las responsabilidades que se reparta el equipo con posibles cambios que afecten a alguno de los otro cuatro concejales leonesistas porque, a priori, la alcaldesa no se plantea asumir esas áreas. Alejandro Corrales, concejal de Medio Ambiente, Servicios Generales, Urbanismo y Contratación ya gestiona tareas de calado; Bruno Gastó se encarga de Educación, Policía, Protección Civil, Tecnología y Comunicaciones; Amparo Blanco lleva la Asesoría Jurídica, Asuntos Sociales y Sanidad; y Manuel Romero, Fiestas, Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.
En la lista leonesista, por orden numérico le correspondería entrar a María del Camino de La Puente, a quien siguen Andrés Vidales y Soraya Martínez, aunque parece que disponen de un trabajo y deben tomar decisiones sobre entrar o no al Gobierno. De modo que la sucesión junto con los posibles cambios en el resto de áreas se solventarán en los próximos días.
En este año y medio, la legislatura se ha atragantado varias veces. UPL, tras su primer verano, tuvo que afrontar la baja del secretario municipal y el atasco de 600 expedientes al no encontrar sustituto. Tras el segundo verano, el problema de gestión derivó de la marcha del interventor y las nóminas de los 300 trabajadores en el aire.
Tampoco les está resultando fácil llevar al Ayuntamiento hacia delante. San Andrés no ha sido una plaza sencilla de gestionar. Hace dos décadas la bola de hasta 80 millones de euros de deuda que se arrastraba en 2011 se le indigestó a varias corporaciones. El PP se vio obligado a un duro Plan de Ajuste para enderezar las finanzas y optó por municipalizar servicios que resultaban muy caros. El PSOE prosiguió la labor con un plan de amortizaciones que permitió separar la deuda y cerrar los ejercicios presupuestarios con superávit. Pero las inversiones para modernizar y mantener los servicios a la ciudadanía por fuerza fueron escuetos. UPL quería aprovechar parte de ese superávit para tapar decenas de agujeros en los servicios municipales, que adoelcen de falta de personal y maquinaria obsoleta, pero el Ministerio de Hacienda cambió las reglas fiscales y parte de esos millones no pueden dedicarse a inversiones. El empeño se sitúa en abrir el puente de San Juan de Dios, pero la concejala que se despide a final de año era partidaria de olvidar la ampliación en dos carriles extra, pese a que durante el mandato anterior ya quedaron consignados 2,2 millones de euros para esa actuación. Su idea era que «no se ejecutara esta obra» para dedicar el dinero municipal a otras prioridades, aunque debería devolver 300.000 ¤ de la Junta.
La concejala de Hacienda y Personal ha desarrollado una extensa labor en estos 18 meses para abordar un encaje de bolillos económico tras el revés que supuso el cambio de las normas fiscales dictadas por el Ministerio. Aspiraba a aprobar un crédito extraordinario de 13 millones para efectuar cuantiosas inversiones en el municipio, pero se vio mermado a más de la mitad, y con sólo un 2,3% para mejoras. También ha tenido que afrontar el reinicio del proceso de estabilización para 101 trabajadores de los 300 que integran la plantilla, tras la denuncia del primer acuerdo alcanzado con los sindicatos y que lleva al límite los plazos, puesto que debe resolverse antes del día 31. Los 2 M¤ perdidos de la tasa de basuras supusieron otro trago.