La resolución sobre el crédito público en pandemia amenaza con otra avalancha en el Juzgado Mercantil
El fin de la moratoria contable saca a la luz decenas de empresas zombis por el covid
Arraiza: «Se ha estigmatizado el concurso de acreedores con mensajes erróneos»
Pablo Arraiza, titular del Juzgado de lo Mercantil de León, en su despacho. fernando otero
La moratoria contable para las empresas en pérdidas por la parálisis económica de la pandemia, que ha permitido esquivar las disoluciones desde 2020, concluye el próximo martes. La ficción contable creada para dar tiempo a los negocios a recuperarse, y que les ha permitido funcionar como si no hubiera desequibrios, acaba con el último día del año. En los próximos meses saldrán a la luz decenas de empresas zombis (proyectos no rentables que mantienen aparente actividad gracias a este tipo de ayudas y a los créditos). «Hay muchas de estas empresas, porque el proceso concursal se ha planteado como algo no apetecible, se ha estigmatizado. Y a ello han contribuido los mensajes que vienen del Estado: no ir a concurso en pandemia (con la moratoria concursal), reformas legales porque el mecanismo judicial no funciona, implantación de mecanismos extrajudiciales,... Se desincentiva que el empresario utilice esta herramienta, creada precisamente para diseñar la viabilidad de los negocios; y en caso de que no sean viables liquidarlos sin causar mayores perjuicios. Ante las dificultades hay que intervenir cuanto antes».
Pablo Arraiza lleva 17 años al frente del Juzgado de lo Mercantil de León (es además juez decano de León), y ha vivido los ciclos de procesos concursales y los cambios legales que han sufrido. También las avalanchas de casos en los últimos años a consecuencia de las demandas masivas, como las cláusulas suelo y, ahora, las de los cárteles de camiones y coches. La próxima será la de las reclamaciones de condonación de créditos públicos a las empresas (los avales ICO, entre otros) también a raíz del covid; que esperan las resoluciones judiciales europea y del Supremo para acogerse a una doctrina.
«La moratoria concursal fue un freno importante a los procesos, se trasladó al empresariado el mensaje de que era mejor no entrar en concurso y es un error. Al final, España ha renunciado al concurso de acreedores como fórmula para solucionar los problemas de las empresas». Por ejemplo, explica Arraiza, con la transposición de la normativa europea que promueve los planes de reestructuración. «Una especie de alternativa judicial fuera del juzgado para empresas viables, que permite llegar a un acuerdo con los acreedores sin entrar en los rigores del frente judicial. Es injunto que traslade la idea del fracaso de la herramienta judicial, porque no es eso lo que ha fallado, sino la mentalidad del empresario, que lo ve como un último recurso. Y ya suele ser tarde».
Para las pymes, la mayoría de las leonesas, se ha introducido otra herramienta, «un proceso concursal casi privado, con alguna intervención judicial pero en el que el deudor lo hace todo a través de una plataforma electrónica, que no está bien configurada ni desarrollada. La sensación es de que ahí no hay respuesta».
Así que, aunque el espíritu inicial de la legislación concursal es que el convenio es la solución normal para una empresa en problemas, sin tener que llegar a la liquidación, la realidad es que «casi todo lo que se producen son liquidaciones. Y ojo, que eso no significa la muerte de la empresa. A menudo es donde es más factible que sobreviva, a través de una compra en condiciones ventajosas».
«Más del 90% de las empresas llegan tarde al concurso»
Hubo un respiro después, pero a partir de 2011 llegó «el boom de las cláusulas suelo. Ausbanc presentó una demanda colectiva en Salamanca contra Caja España». Su juzgado tuvo que hacerse cargo. «El Supremo determinó que había que estar al caso concreto para saber qué cláusulas eran abusivas. Caja España tenía más de 45.000 créditos hipotecarios. La saturación fue gigantesca hasta que pasaron la competencia a Primera Instancia. Luego tuvimos que sacar adelante todo lo acumulado. Era desolador ver llegar al funcionario con carros llenos de documentos y casos, los despachos atestados de papeles».
El «penúltimo» caso masivo es el de los cárteles de camiones y coches. Y están pendientes los créditos públicos durante el covid (Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos, ICO,...). «Es la otra pata del covid, el crédito que se concedió sin analizar los riesgos, porque tenían garantía pública. Ahora muchos no pueden devolverlos. Ese volcán está ahí, latente. Y explica que haya muchas situaciones de insolvencia que se sostienen a través de las prórrogas de las moratorias».
Los militares de tropa se acogen a los concursos para exonerar a personas físicas
Pablo Arraiza explica que la reforma normativa de 2022 introdujo la vía de la ‘segunda oportunidad’. «La sorpresa de la ley española es que no sólo se adaptó la normativa para los autónomos, sino que se amplió a los consumidores. Ya hay un litigio más, y despachos que diseñan una estructura para canalizar este tipo de solicitudes». A su juzgado llegaron en el primer semestre de 2023 un total de 91 concursos, en el mismo período de este año fueron 188. «Y cerraremos 2024 con mucho más del doble del año pasado».
El juez afirma que no hay sectores que reúnan mayor número de casos, aunque «llama la atención el elevado número de militares profesionales de tropa. Sus contratos terminan a los 45 años, y se ven sin medio de vida pero con deudas, hipotecas,...».
Las sentencias sobre los cárteles de camiones se multiplican por 16 este año
En todo caso, Arraiza advierte de que estas «avalanchas» de casos, que se repiten en los últimos años, pueden «destruir el trabajo de un juzgado. Es perjudicial para todos. Es importante que el Juzgado de lo Mercantil atcúe con rapidez en procesos concursales, de insolvencias».
Unos procesos que «difícilmente permiten conocer la realidad de la economía leonesa. Porque al final las empresas que llegan al concurso son muy pocas. La mayor parte cierran la puerta y no hacen nada más».
El juez lamenta que el desarrollo de la legislación sobre procesos concursales «se haya convertido en una normativa disuasoria. Lo del covid es discutible, quizá era lo que había que hacer, sin la moratoria hoy podríamos tener un escenario peor. Pero ese mensaje no debería perdurar en el ideario del empresario, que tendría que ver el concurso como una solucion positiva».
En ese aspecto se había avanzado en los años anteriores a la pandemia. «Se había ido reeducando al empresario. Las secciones de calificación son como autopsias, permiten ver lo que ha pasado con la empresa y sacar conclusiones de lo que se ha hecho mal, y eso era muy constructivo. Ahora es un poco lo contrario».
El juez aboga por desarrollar una herramienta que está contemplada en la directiva europea y se ha implantado en otros países, pero no en España. «Se trata de las alertas tempranas. En el caso de que una empresa vaya mal, las administraciones públicas y los bancos, entre otros, se lo ponen de manifiesto para que tome medidas. Sería muy positivo avanzar en este sentido, porque lo importante es que el empresario llegue al concurso de acreedores pronto, cuando la situación de la empresa tiene solución. Si es viable, llegar a un convenio. Y si no lo es, liquidarla cuanto antes, y en lo posible buscar un comprador que pueda darle otra oportunidad».
Economía sumergida
Arraiza señala también que en el caso de la ley de segunda oportunidad para autónomos y personas «de lo que se trata es de evitar la economía sumergida. El empresario individual, si no crea una sociedad, responde de sus deudas con todo su patrimonio. Y no estará motivado para seguir en el circuito regular de la economía. El motivo, pues, de esta herramienta es tributario, no tiene un fin piadoso, sino un cálculo: el Estado va a cobrar más impuestos porque va a haber más gente en situación regular».
Y eso tiene también sus víctimas. «Hay perjudicados, los principales son los bancos, pero no sólo. Los bancos pueden ser responsables de la situación porque no han hecho bien su trabajo de análisis de crédito, pero las condonaciones afectan también a otros acreedores».