PP y UPL denuncian irregularidades que Intervención achaca al PSOE
«Es una enmienda a la totalidad de la tarea del alcalde», critica David Fernández
Editorial: La oposición documenta las ‘vergüenzas’ de Diez

Ana Franco, David Fernández y Paloma Robles, en la rueda de prensa de ayer.
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, aseguró ayer que los informes contenidos en el Plan Anual de Control Financiero elaborados por Intervención Municipal, «recibidos con más de tres meses de retraso», suponen «una enmienda a la totalidad a la gestión del alcalde», José Antonio Diez, al «poner en evidencia y elevar a documento oficial su mala gestión».
Una crítica a la que se sumó el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento, Eduardo Sendino, quien concluye que «el informe del interventor es muy claro en cuanto a las irregularidades cometidas en la gestión diaria opr el Grupo Municipal del Partido Socialista, y sobre todo por la Concejalía de Hacienda». Sendino criticó ayer también que el PP haya recibido e informado en solitario sobre los informes del interventor, después de que ambos partidos firmaran una moción conjunta para solicitar el informe. «Es una clara muestra de deslealtad política».
David Fernández aseguró ayer que «el interventor denuncia que existen prestaciones extemporáneas, con numerosos y cuantiosos contratos ya vencidos», entre los que destacó el de renting de los vehículos de la Policía Local, la ayuda a domicilio, los suministros de la residencia o de servicios sociales, la energía o el mantenimiento de la red semafórica, «que suman un valor anual de cuatro millones de euros».
También incide en las «prestaciones de bienes o servicios recibidos por el Ayuntamiento, en los que se ha prescindido totalmente del procedimiento legal preceptivo», y que suponen «800.000 euros anuales en prestaciones como el del mantenimiento del parque de la Chantría, el alojamiento externo de datos o el ensobrado de notificaciones», que «deberían hacerse de manera legal, con transparencia y con el cumplimiento de la ley para salvaguardar los intereses generales de los leoneses y de los contratistas».
En materia de contratos, los populares explicaron que el informe menciona el «posible fraude» de la adjudicación de contratos por el criterio de la reducción del plazo de ejecución en detrimento de la oferta económica más ventajosa, respecto a lo que el PP estará «vigilante y atento a las conclusiones de la auditoría que el interventor anuncia que realizará sobre los contratos de edificaciones, infraestructuras y obras».
Por su parte la UPL denuncia las «cuestiones tremendamente graves» que denuncia el informe del interventor, entre ellas «lo que afecta a servicios sociales, limpieza viaria, mantenimiento de edificios y movilidad por prestaciones realizadas fuera del ámbito temporal de los contratos, así como irregularidades en cuanto al control interno de los ingresos, con unos desfases desproporcionados, teniendo en cuenta que hay partidas como el IBI, transferencias de la Administración del Estado o multas que se reiteran año a año».
Y recuerda que UPL ya votó en contra de «alguna de estas irregularidades».
Plan de inversiones
Desde el Grupo Popular advierten de que el interventor pide que se elabore un plan estratégico de inversiones, plurianual, «que evitaría estas irregularidades tras el vencimiento de algunos contratos sin ser renovados y que mejoraría la eficacia buscando, por ejemplo, la coordinación en la ejecución de obras» que implementen, por ejemplo «las canalizaciones de la nueva red de calor, las de comunicaciones o alumbrado público o la renovación de redes de saneamiento o abastecimiento, junto con las actuaciones, por ejemplo, que se hacen para mejorar urbanísticamente las calles».
En cuanto a los contratos vencidos, el PP habla de «negligencia» del alcalde. «El de transporte urbano está prorrogado a la espera del resultado del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta pero el aparcamiento de San Marcelo está en una absoluta precariedad que llevamos denunciando ya dos años y medio». También se señala la inexistencia del padrón fiscal necesario para liquidar la tasa por tratamiento de residuos domésticos en la fecha del informe, según denuncia el Partido Popular.
«Estaremos atentos a las auditorías que ya ha anunciado el interventor sobre las irregularidades de algunos contratos», advirtió ayer Fernández.