El Senado aprueba acudir al Constitucional si no es revocada la ley de eficiencia jurídica

El pleno del Senado ha aprobado este martes requerir al Gobierno y al Congreso a revocar la ley de eficiencia jurídica, el paso previo para poder elevar conflicto al Tribunal Constitucional, porque fue añadido un complemento salarial para jueces y magistrados mediante una corrección de errores en el BOE.

La iniciativa del PP ha contado con 148 síes, al apoyarla también Vox y UPN, frente a 90 noes del PSOE y 24 abstenciones de otros senadores, entre ellos los del PNV, Bildu, ERC y Junts.

Como "insólito ejercicio de arbitrariedad", ha definido Antonio Silván, senador leonés del PP, la corrección de errores publicada en el BOE el 11 de enero para incluir la tabla salarial íntegra de los jueces, tras la omisión del complemento para un grupo de ellos en el texto legal publicado ocho días antes.

"Es de primero de derecho: una ley solo puede ser modificada por una ley. Una imprenta, aunque sea la del Boletín Oficial del Estado, no puede modificar una ley", ha argumentado el exalcalde de León, que ha cargado contra el "modo 'sanchista' de gobernar" y ha preguntado a los senadores socialistas si no se les cae la cara de vergüenza porque "la argucia se les ha ido de las manos".

El senador del PP ha recordado que su grupo ha registrado ya una proposición de ley que incluye la tabla salarial íntegra, como vía de solución para que se tramite parlamentariamente y se dé seguridad jurídica a ese complemento, al que no se oponen, salvo en la forma en la que ha sido aprobado.

Por el PSOE, Toni Magdaleno ha replicado que el conflicto de atribuciones constitucionales no puede servir para un caso como este, ya que no se le ha usurpado sus funciones al Senado, pues su veto fue levantado en la votación del Congreso del 19 de diciembre de forma correcta.

Además, el conflicto de atribuciones no está concebido tampoco para impugnar una ley y nunca se ha empleado así, ha argüido también el senador socialista, mientras que su compañera del PSOE Melania Álvarez ha lamentado que el PP solo intente con este asunto "crear un nuevo motivo de enfrentamiento con el Gobierno", en una "actitud rabiosa y poco útil" y una "forma indecente de hacer política".

En contra de la corrección del error directamente en el BOE se ha posicionado el PNV, aunque sus cinco senadores se hayan abstenido.

A juicio de Igotz López Torre, ha sido "un despropósito" y una "falta de respeto a las cámaras" legislativas, sin que los socialistas hayan aportado una "explicación convincente", aunque ha criticado también que al PP se le llene la boca con la seguridad jurídica, pero en otras ocasiones no sean coherentes con ella.

Eduard Pujol, de Junts, ha arremetido directamente contra el PP por esta iniciativa parlamentaria, y ha acusado al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo de convertir la política "en un juego tramposo" y ser "grandes pícaros", así como les ha pedido que digan a sus "compadres" de la Justicia que den seguridad jurídica aplicando la ley de amnistía.

Al Gobierno, Pujol le ha pedido que "espabile" porque la "anomalía" de que no se aplique la ley de amnistía tiene que ser "una prioridad", para añadir: "Lo que nos dicen en Suiza también lo deben decir en España. Les pregunto, qué prefieren, el riesgo de perder algún voto o el riesgo de perder la democracia".

Una vez pasado un mes sin respuesta del Gobierno o el Congreso al requerimiento, el Senado podrá elevar el conflicto al Constitucional, que sería el segundo en esta legislatura, ya que tiene otro cursado, por la ley de antecedentes penales que permitía a algunos etarras computar tiempos en prisión en Francia.

El Tratado España-Francia, al pleno

Además, este miércoles el pleno del Senado volverá a debatir y votar otro requerimiento, en este caso directamente al Tribunal Constitucional, ya que la Mesa ha decidido este martes incluir en el orden del día el requerimiento que anunció el PP contra el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia firmado hace dos años en Barcelona.

El motivo es que permite que ministros franceses estén presentes en reuniones del Consejo de Ministros español, por lo que el PP pide al Senado requerir al tribunal de garantías a que se pronuncie sobre su constitucionalidad.