Los del Betis, en la gasolinera

Ya es un hecho que el Gobierno trabaja en aplicar las condiciones de la ley mordaza entre las aplicaciones de dispositivos de redes sociales, whatsapp o aplicaciones similares, que soportan grupos en los que se aporta y fluye información sobre controles de tráficos; especialmente, los dedicados a disuadir y verificar el consumo de alcohol, o drogas, que las autoridades relacionan directamente con el incremento de siniestros y accidentes mortales en las carreteras. Se hicieron célebres y llegaron a su punto máximo de eclosión hace algo más de una década, también por el repertorio del lenguaje que se aplicaba en la transmisión de información, con códigos y expresiones tan evidentes que parecían una sátira en sí mismas del relato que trataban de codificar: «Los del Betis en la gasolinera», un titular de madrugada que podían seguir los miembros de estos grupos semifurtivos que aprendían a salir de las zonas de ocio por lugares alternativos; también estaban las referencias a enclaves que se hicieron míticos con la propia concurrencia de controles de las fuerzas de seguridad en ese punto; no necesariamente para desplegar controles de alcoholemia o drogas. Así, la comarca del Páramo que leía entre línea de aplicación en el móvil el sentido de la marcha y la fluidez de la circulación sabe a ciencia cierta qué quiere decir «agua sucia en La Ratonera», o qué carretera debía elegir entre maizales para transitar entre La Bañeza y León. Hubo un antes y un después con la pandemia y la reclusión impuesta por el Gobierno con estos grupos. Y un punto de inflexión decisivo para su posicionamiento legal después de que un juzgado de Vigo le requiera a un administrador de estos grupos una multa de 1.200 euros tras desvelar en este sistema la posición de controles policiales; según informa el Diario de Pontevedra, resulta que una operación de la unidad central operativa de la Guardia Civil se vio comprometida al identificar en esta frecuencia de whatsapp la posición de vigilancia de los agentes.

Antes de que esta resolución judicial llegara a poner en la picota el sistema, la comisión de seguridad vial del Congreso de los Diputados dio luz verde a una proposición no de ley para reformar el artículo 77 de la ley de Tráfico con el objetivo de «sancionar a quienes proporcionen información o dificulten la labor de control del incumplimiento de las normas de circulación».

El efecto de la resolución judicial en Galicia ya se ha trasladado a la intensidad informativa de los grupos con los que se vigila al vigilante; la prensa especializada en asuntos de tráfico da cuenta de que uno de los grupos más numerosos añadidos a este contenido fue desmantelado por los administradores como cura preventiva ante posibles e inmediatas acciones contra este sistema inmediato de advertencia.

«El texto está, lo tenemos y vamos a prohibir la información de los controles de alcoholemia», adelantó antes de finales de año el director de la DGT, Pere Navarro. La misma conciencia de los usuarios del chat ya había puesto coto a la afluencia informativa que eran capaces de generar con una simple notificación. No obstante, la administración ya tiene a punto todos los resortes precisos para ponerle freno.