El Ayuntamiento de León deberá pagar 554.622 € al pasársele el plazo de recurso de una sentencia

Más de 20 años después, La Lastra todavía hipoteca la ciudad. La bolsa de suelo más importante de León, que sumaba casi el 40% de titularidad de las 100 hectáreas, se deja ahora una factura pendiente. El Ayuntamiento de León deberá pagar a la junta de compensación del sector 554.622,59 euros por las cargas de urbanización, reclamadas desde 2004, como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que revoca el anterior pronunciamiento del contencioso administrativo de León dictado en 2019. No cabe ya recurso, sino que asienta firmeza después de que venciera el plazo de presentación de recurso de casación ante el Supremo como consecuencia de la inacción del equipo de gobierno de José Antonio Diez.

La sentencia, dictada el 2 de julio pasado, aclara que había 30 días desde la notificación para plantear recurso. Pero no se dio cuenta hasta la junta de gobierno de este pasado viernes, sin que se adjuntase informe de los servicios jurídicos en este tiempo. 

No hubo referencia alguna del área, en la que sólo quedan dos interinos, tras la jubilación en verano del último funcionario titular, a quien la administración fue condenada por el juzgado a indemnizar con 149.858,34 euros, más los intereses, por el exceso de carga de trabajo; un pago que atendía a los argumentos del letrado por los casi 8 años, desde 2014 hasta 2022, en los que la asesoría, formada por tres personas, tuvo que aguantar primero con dos y luego sólo con él, sin que los sucesivos gobiernos municipales atendieran sus avisos.

La situación de la asesoría jurídica, cuyas dos plazas actuales se han sacado a oposición en 2022 en un proceso que apenas ha pasado por ahora del primer examen, provoca que ya no haya opción de revertir la condena. El Ayuntamiento de León deberá hacer frente al abono de los 554.622,59 euros, por encima de los cuales ahora la junta de compensación invoca su derecho a los intereses devengados desde 2004: otros 700.000 euros adicionales, no recogidos en la sentencia, pero reclamados en la vía administrativa previa a la acción judicial.

La sentencia del TSJ sí que abre la puerta a que el Ayuntamiento de León pueda reclamar esta cantidad. El fallo insiste en que el consistorio tiene que abonar las cuotas de urbanización, «sin perjuicio de la acción de regreso que se pudiera tener contra la Agrupación de Constructores Leoneses (Agelco)», a quien vendió la parcela objeto de litigio. Aunque para lograrlo tendría que iniciar un nuevo pleito y, en caso de ganarlo, apuntarse a la cola de los acreedores ya acumulados.

La escasa opción de que pueda obtener el regreso de estos fondos redondea el relato del desarrollo urbanístico de La Lastra. El sector nació de la venta del suelo, durante la etapa en la Alcaldía del socialista Francisco Fernández. El Ayuntamiento de León, que contaba con más del 40% de la titularidad, entró en la junta de compensación con otros 150 propietarios. Con espacio para 4.627 viviendas, el consistorio enajenó este capital a partir de un concurso que ganó Agelco: la sociedad creada por 23 constructoras y promotoras leonesas, que llegaron a sumar hasta 33, más Caja España y Juan José Hidalgo, dueño de Globalia.

La crisis inmobiliaria se la llevó por delante. Pero ahora, Agelco reaparece en la sentencia que obliga al Ayuntamiento de León a pagar las cuotas de urbanización derivadas de la venta de una de las parcelas. La carga la tiene que asumir el consistorio, como recalcan los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ, que no admiten el argumento municipal que condicionaba el pago a la reclamación a la agrupación de constructores de 2.797.393,50 euros.

El Ayuntamiento de León defendía que esta cantidad era la que le correspondía por la venta de una parcela. Pero mientras el consistorio argumenta que se trataba de «un derecho que tenía y que no ha transmitido nunca», Agelco «sostiene que la misma es un recurso económico que aminora las aportaciones de los componentes de la junta de compensación».

El TSJ insiste en que el consistorio no tienen estos derechos sobre la parcela y recalca que debe pagarle la cuota de urbanización a la junta de compensación, «sin perjuicio de que en fase de liquidación deban detraerse las cantidades que se detallaban en el acto recurrido». Aunque sí que inciden los magistrados en que «bien puede afirmarse que el tiempo transcurrido sin que el Ayuntamiento de León haya intentado cobrar esos más de dos millones de euros, por encima de los diez años cuando dictó los decretos (en 2019), parece abundar en sentido opuesto a la legalidad de su posición».

El pronunciamiento del TSJ abunda en que «el 18 de diciembre de 2003 se realizó una cesión del aprovechamiento privado a favor de la junta de compensación de una parcela edificable de equipamiento privado, con el fin de financiar las obras de urbanización». «En virtud de ello, la propiedad de la parcela pasó a ser de la junta de compensación, en un 90% porque del 10% restante era titular el Ayuntamiento de León, que lo vendió a Agelco libre de cargas de urbanización», se extienden los magistrados, que relatan que esta finca «se vendió el 20 de diciembre de 2006 por un precio neto superior a los 8 millones de euros, cantidad esta muy inferior a la que se satisfizo por obras de urbanización y gastos de gestión, más de 47 millones de euros».