Los intereses hacen que la factura a pagar engorde de 554.622 a 1,34 M€
Imagen del barrio de La Lastra, cuya urbnización originó el pleito.
Adquirida la fijeza de la sentencia, tras haberse superado el plazo de acudir en casación ante el Supremo sin que el Ayuntamiento de León ejercitara su derecho, la representación jurídica de la junta de compensación de La Lastra, ejercida por la letrada Beatriz Llamas, promueve ya la fase de ejecución. No se quedará la factura que debe pagar el consistorio en los 554.662,59 euros que reconoce como principal el fallo del TSJ, sino que se elevará por encima de los 1,3 millones de euros como consecuencia de los intereses que corren desde 2004.
La cuenta se cifraba en 1.304.187,67 euros a la fecha en que se dictó la sentencia. Pero desde ese 2 de julio del año pasado, el contador se ha incrementado ya en otros más de 43.000 euros. Mientras más corra el tiempo, mayor será la cifra que tenga que afrontar el Ayuntamiento de León, salvo que interponga un recurso en el que argumente que no debe hacerse cargo de los intereses, pese a que en los estatutos de la junta de compensación se explicita que «quien es responsable de la deuda», algo que se ha asentado que corresponde al consistorio, «lo es también de los intereses». Si los magistrados fallan en contra de la administración, podría derivar en una imposición de costas que engordará aun más la factura.
La cuenta ha subido en más de 43.000 € desde que se dictó la sentencia, después de que el Ayuntamiento no atendiera el requerimiento
La falta de respuesta del Ayuntamiento al requerimiento extrajudicial promovido por Beatriz Llamas, que hubiera parado el contado, hace que ya se haya entrado en fase de ejecución. La representación legal de la junta de compensación de La Lastra ha ejercitado su derecho a que se contabilicen los intereses legales, incrementados en dos puntos y devengados desde la notificación de la sentencia, además de que reclama que se le condene en costas por esta ejecución.
Los incidentes jalonan un proceso que obliga al Ayuntamiento a abonar los 554.662,59 euros reclamados, desde 2004, como cuotas de urbanización de La Lastra. El consistorio, que poseía casi un 40% de las cerca de 100 hectáreas del sector, figuraba como socio de la junta de compensación. La administración, que vendió su suelo por casi 60 millones de euros a Agelco, defendía que el precio había sido calculado una vez detraídas estas cargas y reclamaba a la agrupación de constructores 2.797.393,50 euros por una finca que se cedió a la junta de compensación para la urbanización. Pero ni un razonamiento, ni otro han sido atendidos por los jueces.