León desoyó cuatro notificaciones de la sentencia de La Lastra en 8 meses
El juzgado en tres ocasiones y la letrada de parte en otra dieron cuenta al Ayuntamiento
Dependencias de la sede consistorial en la avenida Ordoño II.
Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. A la quinta, ocho meses después, cuando ya había vencido el plazo para recurrir ante el Supremo, se dio por enterado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le condena a pagar 554.622,59 euros por las cuotas adeudadas a la junta de compensación de La Lastra, más los intereses desde 2004, que hacen que la factura supere ya los 1.304.187,67 euros.
El relato de plazos se abrió el 4 de julio. Dos días después de que se dictara la sentencia del TSJ, que revocaba la de primera instancia del contencioso administrativo de León, donde habían dado la razón al Ayuntamiento, el juzgado notificó el fallo. No sólo se dio cuenta a la asesoría jurídica, sino también a la propia administración, como se requiere en estos casos en los que por su condición no cuenta con procurador en los tribunales.
El segundo aviso se envió el 3 de octubre. La representación legal de la junta de compensación notificó al Ayuntamiento de León por la Red Sara, que regula las comunicaciones de las administraciones para facilitar el intercambio de información, el requerimiento para el cumplimiento de la sentencia. La abogada Beatriz Llamas, que ha llevado el pleito exitoso para su cliente, trasladó la propuesta de resolución extrajudicial que habría dado por cerrado la cuenta, que sumaba el principal, con los 554.622,59 euros de las cuotas de urbanización adeudada desde 2004, y los intereses de demora, de acuerdo a los estatutos de la junta de compensación, cuya suma ascendía a 749.565,08 euros a fecha 1 de julio. No obtuvo respuesta alguna. Como consecuencia, la factura de los intereses se ha incrementado ya en más de 43.000 euros desde entonces.
El calendario se jalonó por tercera vez el 15 de noviembre, después de que el 14 de octubre se hubiera dictado el decreto del TSJ que declaraba la firmeza de la sentencia. En esta fecha, se remitió al Ayuntamiento de León el oficio del juzgado contencioso nº 2 de León, con la certificación literal del fallo del Alto Tribunal, para que el órgano competente comunicara en el plazo de 10 días su cumplimiento.
La serie de comunicaciones llegó hasta el 18 de febrero. Por cuarta vez, al menos, «conforme a lo dispuesto en el artículo 104.2 de la LJCA, transcurridos tres meses a partir de la comunicación de la sentencia, cualquiera de las partes o personas afectadas podrán instar su ejecución forzosa», como consta en la demanda registrada por la representación legal de la junta de compensación. Aunque tampoco se dio cuenta a la junta de gobierno, pese a que a partir de esta fecha, se incrementan dos puntos los intereses que engordan la factura que deberá afrontar el consistorio con sus propios recursos.
La línea temporal se cerró el 28 de febrero. Entonces, sí, la junta de gobierno dio cuenta de la sentencia en la junta de gobierno, después de incluir el punto «por urgencia», fuera del orden del día, ante la extrañeza de parte de los componentes de la misma. En ese informe se explicitaba el fallo, sin hacer referencia alguna a que no había modo ya de recurrir al Supremo, ni analizar si hubiera podido hacerse valer la tesis municipal que había dado buena en primera instancia el contencioso número 2 de León. Tarde ya.