Diario de León

Confirman siete años a Prada por el Campus de la Justicia de Madrid

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ratifica la condena por irregularidades en la construcción

Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El leonés Alfredo Prada.ep

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La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el leonés Alfredo Prada, por las irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre.

En su sentencia, de 117 páginas y ponencia del magistrado Eloy Velasco, la Sala mantiene la condena a Prada impuesta en septiembre por la Sección Primera de lo Penal salvo en lo relativo a la responsabilidad civil, que rebajan de 40 a 10 millones de euros a pagar, de forma conjunta y solidaria a la Comunidad de Madrid, entre el exconsejero y otros acusados.

Esta modificación se debe a que los magistrados entienden que, de los 25 contratos por los que Prada fue condenado, no todos pueden considerarse irregulares, pues la mitad han reportado algún grado de utilidad y pueden servir ahora o en un futuro a la continuidad del proyecto del Campus de la Justicia.

Respecto al resto de acusados, el fallo confirma la pena de 3 tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Por contra absuelve de ese tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo, exasesor de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Este último no obstante se sentará de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional en 2026 por el caso Kitchen junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros.

Pese a quedar absueltos por ese delito, les mantiene a todos ellos la condena de inhabilitación por prevaricación administrativa, que no conlleva pena de cárcel.

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