Tribunales
El Supremo ratifica los 18 años de prisión para el autor del crimen del universitario en León
La muerte a puñaladas de un joven estudiante de Derecho en el entorno del pabellón de La Torre queda resuelta en los mismos términos que acordó la Audiencia Provincial

El acusado, durante el juicio.
El Tribunal Supremo ha decidido esta mañana desestimar el recurso presentado por la representación procesal de Jorge Cervantes Bello, considerado definitivamente autor del crimen, que acabó con la vida de un joven estudiante de Derecho en el entorno del pabellón de la Torre y que ha sido condenado a 18 años de prisión.
El Alto Tribunal desestima todos los motivos del recurso presentado contra la determinación del jurado popular, que consideró al sospechoso autor del crimen.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2021. Dos grupos de jóvenes se enzarzaron de madrugada en una pelea que derivó en un incidente violento, culminado con un navajazo en el costado que propinó el considerado autor de los hechos a un estudiante de Educación Física de Cantabria, cuya familia fue representada por el letrado leonés Fernando Rodríguez Santocildes.
Las sentencias dejan fuera de toda duda que la atención sanitaria que se prestó al fallecido fue la adecuada y rechazan la tesis de la defensa, según la cual se produjo un episodio de negligencia que fue el que realmente acabó con la vida del fallecido. No lo entiende así la justicia, que considera que las heridas eran de magnitud y gravedad suficiente como para terminar con su existencia.
También se considera probado que el sospechoso trató de borrar las huellas de lo que había hecho, destrozando su teléfono móvil y eliminando el arma del homicidio, que nunca apareció.
No se aprueba la hipótesis de la colaboración con la justicia y de la entrega voluntaria, puesto que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía hubieron de organizar un dispositivo de vigilancia especial para poder detenerlo, ante la escasa colaboración que prestó.
La sentencia estipula también una indemnización de alrededor de 180.000 € para la familia del fallecido, por los daños morales ocasionados.