Bloqueo absoluto en San Andrés: sin tasa de basuras ni pago a proveedores

Las cartas estaban echadas antes de iniciarse el pleno. Y como se preveía, los vecinos de San Andrés del Rabanedo tampoco 'pagarán' el tratamiento y recogida de los residuos sólidos urbanos este año. Algo que podría parecer un favor, pero que supone hurtar un millón de euros a las arcas municipales y, por tanto, que el Ayuntamiento no pueda invertir en servicios y mejoras.

Es más, la no aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa de basuras, tumbada esta mañana por tercera vez desde diciembre de 2023 con los votos en contra del PP (5), PSOE (4) e IU (1), ha dejado patente el bloqueo que vive el municipio. El equipo de Gobierno de UPL, en superminoría (6), se empeñó en someter de nuevo a votación una ordenanza que en siete plenos y 20 comisiones informativas previas la oposición les advirtió que su voto estaba condicionado a un convenio con las juntas vecinales. Llegó sin él tras año y medio, porque "la tasa viene impuesta por la normativa europea y es de obligado cumplimiento, luego no debe vincularse a nada y además su no aprobación incumple el plan de ajuste al que está sometido San Andrés y acarreará responsabilidad patrimonial", indicó la alcaldesa, Ana Fernández Caurel.

Sin embargo, además de la falta del convenio con las juntas vecinales para librar las de ese pago, otros dos factores pesaron para el no mayoritario de la oposición (solo Cs votó a favor y Vox y la no adscrita, se abstuvieron): la falta de informe del interventor y su no participación en la comisión de Hacienda, "lo que convierte la tasa en nula de pleno derecho", según IU, y la desconfianza a que el equipo de Gobierno desarrolle los acuerdos con las pedanías.

La oposición pidió que la ordenanza quedara sobre la mesa para solventar esos aspectos y poderse aprobar a posteriori, pero UPL obvió esa opción y perdió la votación. Además de escuchar en boca de la pedánea de San Andrés y concejala del PP, en representación de Ferral, Villabalter y Trobajo, que las juntas vecinales " nos hemos sentido despreciadas, abandonadas y ninguneadas" porque en el ultimo año y medio "no se ha producido ni una reunión o llamada de teléfono" por parte de UPL para consensuar el convenio.

La sesión plenaria ya había comenzado 'caliente' con un reconocimiento extrajudicial de deuda de 270.000 euros que englobaba 272 facturas de 46 acreedores con un abanico desde 1,75 euros a 73.400. Un punto en que el equipo de Gobierno se volvió a quedar solo con sus seis votos a favor y el resto en contra, excepto el PSOE que se abstuvo.

IU advirtió que ese expediente "esconde gastos realizados sin consignación presupuestaria, que vulnerar la ley contractual y que son revisables de oficio". Laura Fernández indicó que para aprobarse UPL podía pedir un crédito extraordinario para pagarlas "bajo su responsabilidad o traerlas bien al pleno". Los grupos recordaron que hasta ahora no se englobaba en el mismo expediente los reconocimientos extrajudiciales de deuda y "así muchos correctos se habrían podido aprobar hoy". Sin embargo, la alcaldesa aseguró que había "hablado con otros ayuntamientos" que así lo hacen y "para nosotros todos los proveedores son iguales, porque todas esa facturas llevan la comprobación de inspección que esos servicios o suministros se han prestado y algunos llegan sin cobrarlos desde 2017, son empresas del propio municipio y con trabajadores".

Para añadir más sal a la falta de entendimiento entre el equipo de Gobierno y la oposición, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, pidió a los corporativos que "esto no puede seguir así, sin avances, con mentiras, hago un llamamiento a todos los concejales para una moción de censura". Fernández Caurel le respondió, "adelante".